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Vivienda concede las dos primeras VPO de alquiler a familias desahuciadas

Otras ocho solicitudes han sido denegadas porque no cumplían los requisitos

Una protesta en Bilbao de la plataforma contra los desahuicios.
Una protesta en Bilbao de la plataforma contra los desahuicios.

Dos meses después de que el Gobierno vasco pusiera en marcha el servicio contra los desahucios, dos familias que han perdido su vivienda, acosadas por las deudas, han recibido una Vivienda de Protección Oficial (VPO)en régimen de alquiler para evitar quedarse en la calle. El Departamento de Vivienda ha concedido estas dos VPO de alquiler a dos familias, una de Santurtzi y otra de Barakaldo, a principios de este mismo mes.

Se ha puesto en marcha así el tercero de los ejes que componen el servicio integral contra los desahucios del Gobierno —que se compone, además, de asesoramiento sobre hipotecas a quienes están apunto de firmar una y de un servicio de mediación con los bancos para alcanzar un acuerdo y evitar el desahucio—, el último eslabón, el más extremo, que se activa cuando las demás vías se han agotado. En el caso de Barakaldo, el expediente llegó a Vivienda el día 25 de junio y el consejero, Iñaki Arriola, firmó la orden el 4 de julio. En el segundo caso, llegó el 11 de junio y se aceptó el 13 de julio.

Pese a que el Gobierno se comprometió a encontrar una VPO de alquiler en la misma zona —no hay reservas de pisos específicas para estos casos— se ha logrado que no tengan que trasladarse a otra localidad. En otros ocho casos, las solicitudes han sido rechazadas por el Ejecutivo porque las familias desahuciadas no cumplían con los requisitos que exige el servicio. Y es que la alternativa del alquiler social que permite Vivienda está limitada a familias que estén consideradas en grave riesgo de exclusión social, con hijos menores a su cargo, cuya vivienda haya sido adjudicada a terceros y sin otro lugar donde vivir. A estas características se suma la necesidad de pasar previamente por el servicio de mediación y que la vivienda desahuciada haya costado menos de 350.000 euros.

Desde Stop Desahucios, Marta Uriarte resalta que la alternativa del Departamento de Vivienda es un “recurso para que la gente que se encuentra en situaciones difíciles, con personas mayores o con niños pequeños a su cargo, tengan cierta seguridad, cierta garantía social de no ir a quedarse en la calle si no se logran resultados en la mediación”.

“Es una garantía social de no ir a quedarse en la calle”

Uriarte apunta que el objetivo de su plataforma es que las personas endeudadas no lleguen al punto de necesitar una vivienda porque la suya ya está en manos de otra familia. Dicho de otra manera, que los pasos previos del servicio contra los desahucios den sus frutos, el más importante, el de la mediación que realizan economistas profesionales para tratar de evitar el lanzamiento de la vivienda cuando se acumulan las deudas y para tratar de alcanzar un acuerdo en el pago de lo adeudado.

La portavoz de la plataforma contra los desahucios subraya que el objetivo es “lograr un acuerdo de un alquiler social con los bancos, para que los desahuciados no tengan que dejar la vivienda pese a que ya no es suya; las entidades tienen que darse cuenta de que tienen un parque inmobiliario impresionante que no les sirve para nada, ni económica ni socialmente, por la imagen que dan”.

Pese a que insiste en una crítica que su colectivo lleva semanas denunciando, las negativas de Kutxabank en varios casos a alcanzar un acuerdo a través de la mediación, Uriarte calcula que no serán muchas las familias que tengan que recurrir a las VPO de alquiler que el Gobierno pone a su disposición. El Departamento de Vivienda no quiso entrar en detalles la pasada semana y desde que se conoció que iba a facilitar el acceso a las familias desahuciadas a un piso de alquiler ha evitado hacer públicas sus previsiones de solicitantes. La consejería sí reconoció, sin embargo, que espera que los casos de posibles desahucios aumenten conforme vayan pasando los meses.