Los 52 chalés de lujo de Raeiros, abocados a una demolición sin fecha

La última decisión de los tribunales confirmando la demolición por ilegal de la urbanización Os Raeiros, en O Grove, que ordenó la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanistica (APLU) de la Xunta, aboca a los 52 chalés a una ejecución del fallo judicial sin fecha. Esta enésima sentencia que desestima un desesperado intento por evitar el derribo es la contestación de la Sala Segunda del Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a dos de los propietarios, aunque fueron 48 los que también recurrieron la orden de la APLU y que esperan resolución, además de la empresa promotora Iniproim, SL, cuyo administrador, Fernando Varela, es hermano del exconselleiro de Cultura de Feijóo, Roberto Varela, y propietario de una de las viviendas.

Aunque es improbable que en esta instancia superior se vaya a producir algún pronunciamiento contradictorio de otros magistrados, siendo el fallo firme, los demandantes podrían recurrir al Tribunal Constitucional que solo entraría a valorar aspectos de la sentencia en el caso de que se hubieran vulnerado derechos constitucionales de los propietarios.

A este paréntesis judicial que podría tardar varios años en cerrarse se añade el elevado coste del derribo, inabordable por el Ayuntamiento de O Grove y que algunas fuentes ya han estimado en torno al millón de euros. Una actuación municipal previsible porque, aunque la sentencia obliga a los propietarios a ejecutarla bajo multas de apercibimiento de hasta 10.000 euros, son las Administraciones locales las que intervienen ante inacción de los infractores.

Además, la desaparición de la lujosa urbanización de Raeiros a pie de playa podría retrasarse todavía más por la moratoria a los derribos de edificaciones ilegales que contempla la futura Lei de Vivenda de la Xunta, que está en trámite parlamentario. Este proyecto del Gobierno gallego obligará a la Administración a indemnizar a los propietarios antes de efectuar los derribos, con un año de tramitación de los procedimientos, lo que supondrá aplazar las sentencias de los tribunales. La moratoria de casos tan paradigmáticos como el de Os Raeiros ha sido cuestionada por los juristas y aplaudida mayoritariamente por los alcaldes afectados.

En este escenario es difícil vaticinar cómo y cuándo se ejecutará la sentencia de derribo en O Grove. Con fecha de 14 de junio, el fallo sobre el primero de los recursos de los propietarios de los chalés considera inapelable el anterior dictamen del juzgado de Pontevedra, que a su vez avaló en diciembre pasado la decisión de la APLU de marzo de 2010.

El tribunal mantiene que tienen que ser derribados los chalés ejecutados por la promotora Iniproim, encostados en grupos de cuatro, cinco y seis, compuestos cada uno de sótano, planta baja y bajo cubierta, articulados alrededor de una zona central donde se sitúan varias piscinas, edificio de servicios, viales y muros de contención.

El fallo también hace referencia a las sucesivas resoluciones y procedimientos de los que emana esta sentencia y confirma que “aquella obra ejecutada constituía una parcelación urbanística de suelo rústico legalmente prohibida”. Por ello, recuerda la Sala, “se ordenó la restitución de aquella parcela matriz a su estado original, así como el ajuste de su uso para el que fue autorizado de exclusivo carácter hostelero y no para uso residencial”.

También hace alusión la sentencia a las dificultades que entraña la demolición de los adosados uno a uno, en el caso de los propietarios recurrentes a los que no ha condenado a las costas del proceso. “Hay que tomar en consideración la imposibilidad de ejecutar el derribo aislado, siendo obvio que semejante extremo requiere una acción coordinada y global en este entorno edificativo por completo ilegal”.