Enfermeras embarazadas, sin sueldo por descoordinación administrativa

Embarazadas de riesgo pero abandonadas por las Administraciones. Trabajadoras del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que se encuentran de baja tras acogerse a la percepción por riesgo de embarazo llevan dos meses sin cobrar su salario tras recibir una comunicación escrita del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la que se desentiende del pago. La dirección provincial de Ourense ha comunicado, al menos a tres trabajadoras, que no va a pagar sus prestaciones a pesar de tener reconocido el riesgo para la salud por médicos evaluadores del propio INSS. Lo justifican asegurando que "en la normativa del Sergas están previstos procedimientos y alternativas de cambio de puesto de trabajo con otro compatible con su estado". De esta forma deniegan la prestación "porque la empresa [en referencia al Sergas] no ha acreditado su cumplimiento y la imposibilidad del cambio".

Hasta ahora, la Seguridad Social se hacía cargo del pago de esta prestación cuando las trabajadoras embarazadas recibían el informe que acredita el riesgo para su salud y para la del feto, pasando a estar de baja médica. Una de las trabajadoras afectadas (ATS en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense) obtuvo hasta dos informes favorables en el que un médico del servicio de riesgos laborales del INSS certifica que su puesto "puede producir un peligro para la continuidad del embarazo por altos requerimientos biomecánicos con posturas mantenidas de bipedestación y deambulación para la atención de urgencias". Es decir, que sus obligaciones laborales son un riesgo en su estado. Los facultativos rubrican en los documentos que esa actividad profesional "puede influir negativamente" en la salud de la embarazada y el feto.

El INSS declina ahora el pago y solicita al Sergas la recolocación de la afectada en otro puesto de trabajo. Además informa que ante la resolución pueden presentar una reclamación en los juzgados de lo social. Pero la trabajadora se mantiene en un limbo legal sin cobrar nada porque no puede ser recolocada en otro puesto que no implique riesgo. Un informe interno elaborado por la directora de recursos humanos del área sanitaria de gestión integrada de Ourense, Verín y Valdeorras certifica que "no existe otro puesto compatible con su estado". En consecuencia y dado que "resulta técnicamente u objetivamente imposible" la "recolocación" de la embarazada, han procedido a suspender su contrato de trabajo desde el pasado 24 de mayo.

Desde el sindicato CSIF, que está intentando negociar una resolución amistosa, se califica la actitud de las Administraciones implicadas de "irresponsable, lesiva y carente de fundamento ético y clínico". De hecho, relacionan los casos surgidos en Ourense con los recortes presupuestarios. Estamos ante "una auténtica guerra de presupuestos entre administraciones, en el escenario de la situación de crisis actual" insisten. Por su parte, el Sergas ha comunicado que buscará una solución para que las afectadas puedan continuar su embarazo sin riesgo, aunque no concreta cómo solucionará la situación.