Tijeretazo a las universidades públicas madrileñas

La cifra tiene a los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Carlos III, Alcalá, Politécnica y Rey Juan Carlos) enredados en cálculos, predicciones y consultas con sus facultades: 175 millones de euros. Son los que la Comunidad de Madrid ha decidido ahorrarse en el presupuesto que este año iba a destinar a financiar a los centros. La Ley de modificación de las cuentas regionales publicada la semana pasada lo llama “ajuste”; los rectores saben que están lidiando con recortes. Y como ya vienen de años de apretarse el cinturón en gastos corrientes (luz, gas, suministros de todo tipo...), tienen claro de dónde va a salir buena parte del ahorro: del personal.

La Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (Cruma) calcula que el curso que viene habrá más de 1.000 profesores menos en sus aulas, según explica su presidente, Daniel Peña, rector de la Carlos III. “Como promedio, y teniendo en cuenta que cada centro es diferente, hablamos del orden de 200 o 300 profesores menos por universidad”, a los que no se renovará el contrato porque saldrán muchas menos plazas, añade.

De las variadas categorías de profesores que no son titulares de plaza (becarios, lectores, asociados, interinos...), el recorte “se concentrará en los profesores asociados”, precisa Peña, ya que son profesionales que tienen otro trabajo. La intención de los rectores es que el recorte no afecte a los ayudantes doctores en periodo de formación ni a los que están completando su tesis. “La terminarán. En ningún caso se quedarán a medias”, asegura.

La Comunidad “no decide dónde debe cada universidad racionalizar sus recursos”, recuerda la Consejería de Educación. Los 175 millones de euros de ahorro que calcula obtener la Comunidad de Madrid proceden de varios conceptos. Una parte saldrá de la rebaja de sueldos del personal de administración y servicios (PAS), la misma que para el resto de empleados públicos, y de aumentar su horario a 37,5 horas. Restada esa cantidad, la Cruma calcula que quedan 135 millones de recorte directo, un 13% de los cerca de 1.000 millones que Madrid destina a sus universidades.

Parte del ahorro procede

La subida de tasas que concretó el Gobierno regional la semana pasada (5,84 euros más de media por crédito, lo que supone entre 300 y 360 euros más por curso) supondrá la mayor contribución, quizá un 8% o un 9%, calculan los rectores, que, sin embargo, avisan: “Esa es la hipótesis que maneja la Comunidad de Madrid, y es la más favorable, ya que cuenta con que las matriculaciones sean las mismas que este año”, explica Peña. En los centros dudan de que sea así, puesto que creen que la subida de tasas, que castiga especialmente a las matrículas sucesivas, desincentivará a muchos estudiantes que no podrán hacer frente a los precios.

La ley estatal establece que los precios de los créditos deberán cubrir entre el 15% y el 25% de los costes en primera matrícula, entre el 30% y el 40% en segunda matrícula, entre el 65% y el 76% en tercera y entre el 90% y el 100% a partir de la cuarta. Una matrícula de quinta convocatoria puede costar 600 euros, como un curso entero.

Sube el precio por curso, pero para una beca se endurecen los requisitos

Los rectores habían pedido a Esperanza Aguirre que las tasas subieran lo menos posible. No les han hecho caso, por lo que ayer la Cruma hizo público un comunicado en el que manifiesta su “desacuerdo” con el incremento por no ir “acompañado de un aumento de becas, en un contexto económico tan adverso como el actual”. Para los rectores, los nuevos recortes a la financiación de las universidades madrileñas son “contradictorios” con “la necesidad de preservar una universidad pública de calidad como medio para favorecer la salida de la crisis”. Unos recortes que, auguran, “afectarán inexorablemente a las condiciones de empleo”.

La subida de tasas ha venido acompañada de un endurecimiento de las condiciones para optar a una beca. “El 15% de nuestros estudiantes en la Carlos III van a perder la suya”, señala Peña, que cree que el dato es extrapolable al resto de centros y que pone en entredicho la equidad del sistema.

El decreto del Ministerio de Educación también incluye aumentar las horas de clase de los profesores, algo que apenas va a ahorrar nada (un profesor de una asignatura no puede impartir otra) y supone pasar más tiempo en el aula y menos investigando, según Peña. “Esto tiene un coste. Nos alejamos de los países a los que siempre nos hemos querido parecer y nos acercamos al tercer mundo”, concluye.