El Gobierno ve margen de “maniobra” cambiando la fiscalidad

La portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, recalcó ayer que Euskadi tiene capacidad de maniobra para evitar los recortes del Gobierno también en las ayudas a la dependencia, del mismo modo que ha esquivado hasta la fecha los fijados en asistencia sanitaria, copago farmacéutico y educación.

Pocas horas antes de que el Ejecutivo central presentara a las comunidades autónomas —en el caso vasco son las Diputaciones las concernidas— sus planes en ese terreno, Mendia se reafirmó en la conveniencia de estudiar un impuesto de carácter finalista con el que garantizar el mantenimiento del nivel actual de ayudas.

Es precisamente en la singularidad de la fiscalidad vasca, y en la capacidad de las haciendas forales de actuación en ese terreno, donde el Gobierno ve ese margen de “maniobra”, que otras comunidades no tienen. Es eso lo que le está permitiendo sortear en Euskadi “los efectos de los recortes” del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El envés de esta moneda lo constituyen las reticencias de las diputaciones a cualquier mensaje que emane del Gobierno en relación con sus competencias en materia fiscal. La portavoz eludió entrar en polémica ni responder a los ejecutivos forales de Álava y Bizkaia, los dos que salieron al paso de la sugerencia gubernamental de ese impuesto destinado a mantener las ayudas a la dependencia.

“Revisión general”

Mendia reconoció que son los territorios históricos, en realidad las Juntas Generales, las que tienen la competencia de diseñar la política fiscal, pero no les ahorró a los ejecutivos forales una nueva reconvención en la misma línea en la que viene insistiendo el lehendakari desde hace tres años: es imprescindible abordar una “revisión general” en palabras de la portavoz ayer, del modelo fiscal.

De esa modificación tributaria, y de lograr que a través de ella crezca la recaudación, proporcionando así un aumento de ingresos a las administraciones, dependerá el mantenimiento en Euskadi de las prestaciones que ahora está recortando el Ejecutivo central y también lo que el futuro depare al conjunto del sistema de los servicios públicos que presta la comunidad autónoma y hoy en día recibe su ciudadanía.