Euskadi se planta ante la reforma que el PP quiere aplicar en dependencia

El Gobierno vasco y las Diputaciones caminan de la mano en la defensa de sus políticas sociales dirigidas a las personas mayores. Han hecho un frente común contra Madrid. Si en otros ámbitos en los que se aplican recortes desde el Gobierno central, las instituciones forales han mantenido posturas alejadas o incluso contrarias a las del Ejecutivo autonómico, ayer Gipuzkoa y Bizkaia se acogieron a la defensa del autogobierno vasco como arma para oponerse los nuevos recortes que quiere introducir el Gobierno de Rajoy en la Ley de Dependencia.

La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, censuró con dureza la nueva regulación de la citada ley que propone la ministra Ana Mato —un amplio paquete que va desde suspender la cotización a la Seguridad Social de los familiares cuidadores, hasta hacer incompatibles las prestaciones y otros servicios de apoyo, pasando por aplazar a 2015 la ampliación a nuevos niveles—. Además de mostrar su contrariedad con los cambios, advirtió de que las instituciones vascas “velaremos por la no invasión de competencias”, que esta vez afecta a Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno vasco.

La financiación estatal es muy reducida en Euskadi ante un gasto elevado

Esta idea fue compartida por la diputada foral vizcaína del ramo, Pilar Ardanza, del PNV, quien denunció una “invasión competencial” con la que, además, el Gobierno central “rompe con todo un sistema de protección” porque “no cree” en la Ley de Dependencia. Desde la Diputación de Gipuzkoa, su titular de Política Social, Ander Rodríguez, de Bildu, anunció que se negará “rotundamente” a aplicar los recortes que se aprobarán este viernes por el Consejo de Ministros. Álava, gobernada por el PP, mantenía su reserva porque “tenemos un mayor margen de maniobra para racionalizar y lograr una mayor eficacia en el sistema de dependencia”, según la diputada Marta Alaña, porque la provincia es la que “da más cobertura del territorio nacional”.

Este frente en torno a los dependientes no es el primero, ya que a comienzos de año las tres Diputaciones han tomado la decisión de hacer caso omiso al decreto de medidas urgentes del Gobierno central que establecía una moratoria en la aplicación del calendario de la ley. Esto suponía no dar cobertura a los dependientes de grado moderado, cuya financiación han asumido las Diputaciones en su totalidad.

Pero la hipotética insumisión a las modificaciones que la ministra Mato explicará hoy a las comunidades —el Gobierno vasco, que no gestiona la dependencia, tiene voz y voto, mientras que las Diputaciones, que sí lo hacen, solo tienen voz— se antoja mucho más compleja por las fuertes necesidades de financiación que requeriría. Como ocurre desde diciembre, estas cantidades las tendrían que sufragar por completo los tres entes forales, que se quedarían sin la financiación estatal, tendrían que afrontar por completo los tres entes forales.

Las instituciones creen tener margen legal para aplicar un modelo distinto

La financiación estatal es muy reducida en Euskadi en comparación con el gasto total en dependencia, porque los pagos se basan en el número de dependientes y no en los servicios que se les aportan, muy avanzados y numerosos en comparación con el resto del Estado. En Álava y Gipuzkoa, por ejemplo, las personas dependientes pueden acceder a más de un tipo de ayuda —en Bizkaia no, pero existe un mandato de las Juntas Generales para permitirlo—.

“No se puede sostener el desarrollo de una ley por la vía del recorte, sino por la vía de la ordenación de los recursos”, dijo en este sentido Zabaleta. La consejera ya planteó en el consejo territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de abril la necesidad de destinar un impuesto a la financiación de la dependencia. Zabaleta citó ayer impuestos como el de sucesiones o el de donaciones.

En una prospección del Centro de Documentación y Estudios (Siis) y el departamento sobre el impuesto de sucesiones, calcula que destinarlo a la dependencia costearía en torno al 42% del gasto de la atención de personas mayores, unos 195 millones. Todo ello teniendo en cuenta que la recaudación de este impuesto supone un reducido 0,12% del PIB.

Esta idea no solo ha sido planteada a otras comunidades, sino también a los Ayuntamientos y las Diputaciones vascas en uno de los debates más trascendentales que encaran hoy los servicios sociales de la comunidad, con el proceso de debate en torno a la cartera de servicios sociales, que establece los servicios y la financiación que se debe dar.

La propuesta del Ejecutivo ha sido introducida en este debate. Fuentes conocedoras de este proceso apuntaban ayer que la de Gipuzkoa es la Diputación más cercana a este planteamiento, mientras que la de Bizkaia estaría en un término medio y la alavesa sería la más reticente de todas a llevar a cabo esta modificación.

Las mismas fuentes consideran que “hay margen” legal para que Euskadi busque sus alternativas, ya que la Ley de Dependencia es una “ley de mínimos” y la competencia es de los servicios sociales de Diputaciones y Ayuntamientos. Algunas de las modificaciones, como el convenio con la Seguridad Social para cuidadores no profesionales, sí habría que acatarlas porque son competencia del Estado.