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Feijóo, Fraga y Touriño conocían las actividades de Marina Castaño ahora investigadas

Los documentos de los que partió el fiscal para denunciar a la viuda de Cela estuvieron antes en manos de los presidentes de la Xunta y del Ministerio de Hacienda

Reproducción de la respuesta que envió Feijóo a la denunciante. Ampliar foto
Reproducción de la respuesta que envió Feijóo a la denunciante.

“Tomo nota de sus reflexiones sobre la Fundación Camilo José Cela, pues estoy convencido de que el objetivo que perseguimos todos, aunque como es lógico cada uno con sus ideas, es preservar la memoria y difundir la obra de uno de los escritores gallegos más universales”. Así, en forma de misiva y apelando al deber de “preservar” ante todo, despachaba Fraga el primer dossier sobre las supuestas irregularidades de la institución de Iria que envió Lola Ramos, fotógrafa, escritora y vecina de Padrón, a un presidente de la Xunta. Corría el año 2004 y hacía dos que había muerto el Nobel y su viuda, arropada por el propio Fraga y el conselleiro de Cultura, Pérez Varela, era nombrada presidenta de la fundación.

Al otro lado de los recios muros de las Casas dos Coengos, sede de la institución, los Cela se unían para pedir entrar: en nombre suyo y de otros dos hermanos del Nobel, Juan Carlos Cela Trulock rogaba por carta al presidente de la Xunta que ayudase a colocar al hijo del escritor al frente del patronato en el lugar ocupado por Castaño. El hermano de Cela también hacía referencia al “deterioro de la imagen de la fundación” y a “las irregularidades”.

Pero Fraga les daría la espalda, en la misma actitud que poco después, en el año 2005, mantendrían el entonces presidente, Emilio Pérez Touriño, y la conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, cuando recibieron de Lola Ramos unos 70 folios relativos al supuesto desvío de subvenciones públicas hacia una sociedad mercantil, Lengua y Literatura, AIE, creada por Marina Castaño y el exgerente de la fundación, Tomás Cavanna. Y antes, en 2004, el ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. Y también antes y después, porque fue informado tanto en 2004 como en 2006, el Rey, por entonces presidente de honor de la fundación padronesa. Y ya en 2010, el hoy presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió a hacer caso omiso de la denuncia.

Al mismo tiempo que el rey Juan Carlos I, fue alertado otro patrono de la fundación, Alberto Aza, que era jefe de la Casa Real. La Zarzuela respondía en 23 días, Navidad mediante, y parecía que iba a pasar algo: “Su Majestad ha quedado enterado de su contenido y ha dispuesto su traslado al Ministerio de Economía y Hacienda para su estudio y la consideración que proceda”. Pero nada sucedió luego. Ni en el ministerio, donde Pedro Solbes fue destinatario de otro de los dossieres preparados por Ramos, ni en la Agencia Tributaria. Esta remitió a la denunciante la consabida respuesta administrativa (se da “el correspondiente traslado a los órganos competentes”), y zanjó el asunto limpiamente.

Información crucial que salió a la luz de forma anónima

Desde que Lola Ramos se decidió a denunciar en altas instancias las presuntas actividades delictivas de Castaño y Cavanna al frente de la Fundación Cela, al domicilio de esta vecina de Padrón empezaron a arreciar sobres anónimos con nuevos documentos que reforzaban su tesis. Entonces Ramos, después de informar al Rey, al presidente de la Xunta, al ministro de Hacienda, a la Agencia Tributaria, al alcalde de Padrón e incluso al Protectorado de Fundaciones, apareció en programas de televisión y eso la ayudó mucho a la hora de cosechar pruebas sin buscarlas. Aún hoy no sabe de dónde han podido llegar tantos documentos comprometedores, muchos de los cuales ahora, tras la denuncia de la fiscalía, obran en poder del juez. Son papeles que destaparían las supuestas artimañas de los gestores de la entidad cultural para recuperar el IVA que como fundación sin ánimo de lucro no le correspondía. Entre los papeles que le llegaron misteriosamente y que fueron engordando esos argumentos que a finales del año pasado presentó ante el fiscal, había facturas, contabilidades, contratos, notificaciones de subvenciones públicas, nóminas y también elocuentes actas de las sesiones del patronato de la Fundación Camilo José Cela.

A finales de los noventa se estaba trabajando en el proyecto de rehabilitación de parte de los inmuebles del XVIII que componen las Casas dos Coengos, sede de la entidad. Varios medios de comunicación contaron poco después que la fundación habría recabado unos 300 millones de pesetas de las diferentes Administraciones para financiar las obras. A este episodio se retrotrae la investigación del fiscal, y llega hasta la extinción, en 2010, de la sociedad interpuesta fundada por Castaño.

Reunión clave

Lengua y Literatura, Agrupación de Interés Económico, la sociedad que según la fiscalía crearon Castaño y Cavanna en 1998, cuatro años antes de morir el Nobel, nació tras una junta de patronos. La reunión se celebró el 9 de junio de aquel año, y en el acta de la sesión se recoge que el gerente “informó sobre la posibilidad de constituir una AIE con finalidad de gestionar esta obra \[en una de las casas dos Coengos\], lo cu[/TEX]al permitiría recuperar el IVA”.

El acta prosigue explicando que la propuesta lanzada al aire por Cavanna provocó disparidad de opiniones en los presentes. “Respecto al problema del IVA, que fue debatido extensamente, se decide crear una comisión con plena capacidad de decisión que lo estudie”. Dicha comisión quedó formada por la propia Castaño, Cavanna, Jaime Carvajal y Urquijo, y Thais de Picaza, propietaria de la empresa que llevó a cabo las obras.

Cuando le cayó el marrón a Touriño, respondió vía Gumersindo Guinarte (a la sazón secretario general de Presidencia y miembro, junto a la entonces conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, del patronato de la Fundación Cela) con una difusa carta de “agradecimiento” por la información transmitida. El presidente socialista aparecía en la prensa recibiendo de manos de Castaño la pluma con la que Cela escribió Madera de Boj tres años después de entrar dirigido a él, por el registro de la Xunta, el dossier de Lola Ramos.

Este expediente era más o menos el mismo, aunque entonces algo menos completo, que el que dio pie a las pesquisas y reciente denuncia del Ministerio Público en el juzgado de Padrón contra la viuda del escritor y Cavanna. El fiscal de Santiago Álvaro García Ortiz, después de investigar a ambos desde finales de 2011 con la Policía Nacional, considera que pudieron cometer delitos de malversación de caudales públicos, estafa, apropiación indebida y fraude fiscal.

Algo más de un año antes que el fiscal, el último en enterarse fue Feijóo. Ramos le mandó por registro una carta y copias de los documentos, y el 25 de enero de 2010 recibía la respuesta. De nuevo, un presidente de la Xunta le daba las gracias a vuelta de correo: por su “serie de consideraciones”, por la “deferencia que ha tenido al dedicar parte de su tiempo a hacernos partícipes de su opinión” y por su “interés en el patrimonio cultural”.

Pasado el año entero, el 30 de diciembre Ramos volvió a intentarlo. Esta vez le escribió una carta a mano al presidente, rogándole literalmente a Feijóo que su gabinete jurídico revisase “minuciosamente” los documentos que le adjuntaba. “Pueden ser constitutivos de delito”, le advertía. “Dadas las circunstancias”, seguía, “doña Marina Castaño López no puede ostentar ningún título honorífico que la vincule con la Fundación CJC”. “Agradezco un nuevo intento de reflexión hacia la discreta vía exponente”, “no es mi deseo tener que recurrir a interponer una demanda penal ante la fiscalía judicial”, aseguraba en su carta la vecina de la fundación que lleva años recabando pruebas por su cuenta y riesgo.

Lola Ramos todavía tardó casi un año más en decidirse a recurrir al fiscal. Pero en ocho meses este le ha dado la razón y la denuncia ha llegado al juez.