Feijóo, Fraga y Touriño conocían las actividades de Marina Castaño ahora investigadas

“Tomo nota de sus reflexiones sobre la Fundación Camilo José Cela, pues estoy convencido de que el objetivo que perseguimos todos, aunque como es lógico cada uno con sus ideas, es preservar la memoria y difundir la obra de uno de los escritores gallegos más universales”. Así, en forma de misiva y apelando al deber de “preservar” ante todo, despachaba Fraga el primer dossier sobre las supuestas irregularidades de la institución de Iria que envió Lola Ramos, fotógrafa, escritora y vecina de Padrón, a un presidente de la Xunta. Corría el año 2004 y hacía dos que había muerto el Nobel y su viuda, arropada por el propio Fraga y el conselleiro de Cultura, Pérez Varela, era nombrada presidenta de la fundación.

Al otro lado de los recios muros de las Casas dos Coengos, sede de la institución, los Cela se unían para pedir entrar: en nombre suyo y de otros dos hermanos del Nobel, Juan Carlos Cela Trulock rogaba por carta al presidente de la Xunta que ayudase a colocar al hijo del escritor al frente del patronato en el lugar ocupado por Castaño. El hermano de Cela también hacía referencia al “deterioro de la imagen de la fundación” y a “las irregularidades”.

Pero Fraga les daría la espalda, en la misma actitud que poco después, en el año 2005, mantendrían el entonces presidente, Emilio Pérez Touriño, y la conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, cuando recibieron de Lola Ramos unos 70 folios relativos al supuesto desvío de subvenciones públicas hacia una sociedad mercantil, Lengua y Literatura, AIE, creada por Marina Castaño y el exgerente de la fundación, Tomás Cavanna. Y antes, en 2004, el ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. Y también antes y después, porque fue informado tanto en 2004 como en 2006, el Rey, por entonces presidente de honor de la fundación padronesa. Y ya en 2010, el hoy presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió a hacer caso omiso de la denuncia.

Al mismo tiempo que el rey Juan Carlos I, fue alertado otro patrono de la fundación, Alberto Aza, que era jefe de la Casa Real. La Zarzuela respondía en 23 días, Navidad mediante, y parecía que iba a pasar algo: “Su Majestad ha quedado enterado de su contenido y ha dispuesto su traslado al Ministerio de Economía y Hacienda para su estudio y la consideración que proceda”. Pero nada sucedió luego. Ni en el ministerio, donde Pedro Solbes fue destinatario de otro de los dossieres preparados por Ramos, ni en la Agencia Tributaria. Esta remitió a la denunciante la consabida respuesta administrativa (se da “el correspondiente traslado a los órganos competentes”), y zanjó el asunto limpiamente.

Cuando le cayó el marrón a Touriño, respondió vía Gumersindo Guinarte (a la sazón secretario general de Presidencia y miembro, junto a la entonces conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, del patronato de la Fundación Cela) con una difusa carta de “agradecimiento” por la información transmitida. El presidente socialista aparecía en la prensa recibiendo de manos de Castaño la pluma con la que Cela escribió Madera de Boj tres años después de entrar dirigido a él, por el registro de la Xunta, el dossier de Lola Ramos.

Este expediente era más o menos el mismo, aunque entonces algo menos completo, que el que dio pie a las pesquisas y reciente denuncia del Ministerio Público en el juzgado de Padrón contra la viuda del escritor y Cavanna. El fiscal de Santiago Álvaro García Ortiz, después de investigar a ambos desde finales de 2011 con la Policía Nacional, considera que pudieron cometer delitos de malversación de caudales públicos, estafa, apropiación indebida y fraude fiscal.

Algo más de un año antes que el fiscal, el último en enterarse fue Feijóo. Ramos le mandó por registro una carta y copias de los documentos, y el 25 de enero de 2010 recibía la respuesta. De nuevo, un presidente de la Xunta le daba las gracias a vuelta de correo: por su “serie de consideraciones”, por la “deferencia que ha tenido al dedicar parte de su tiempo a hacernos partícipes de su opinión” y por su “interés en el patrimonio cultural”.

Pasado el año entero, el 30 de diciembre Ramos volvió a intentarlo. Esta vez le escribió una carta a mano al presidente, rogándole literalmente a Feijóo que su gabinete jurídico revisase “minuciosamente” los documentos que le adjuntaba. “Pueden ser constitutivos de delito”, le advertía. “Dadas las circunstancias”, seguía, “doña Marina Castaño López no puede ostentar ningún título honorífico que la vincule con la Fundación CJC”. “Agradezco un nuevo intento de reflexión hacia la discreta vía exponente”, “no es mi deseo tener que recurrir a interponer una demanda penal ante la fiscalía judicial”, aseguraba en su carta la vecina de la fundación que lleva años recabando pruebas por su cuenta y riesgo.

Lola Ramos todavía tardó casi un año más en decidirse a recurrir al fiscal. Pero en ocho meses este le ha dado la razón y la denuncia ha llegado al juez.