El Consejo de Garantías ve ilegal la Ley de Estabilidad que votó CiU

El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha dictaminado que la obligación que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria de dedicar los eventuales superávits de las Administraciones a reducir la deuda es inconstitucional porque vulnera la autonomía financiera de la Generalitat. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fija un déficit cero para todas las Administraciones públicas a partir de 2020, fue aprobada definitivamente el pasado mes de abril con los apoyos del PP y de CiU.

En las conclusiones del dictamen, el Consejo de Garantías Estatutarias, organismo que tiene funciones meramente consultivas, considera por unanimidad que el artículo 32 de la ley sobre el destino del superávit presupuestario contradice un artículo de la Constitución y dos artículos del Estatuto de Cataluña. En concreto, el artículo 32 de la ley dispone que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales deben destinar un supuesto superávit presupuestario "a reducir el endeudamiento neto", sin distinguir los casos en los que ello sea necesario para alcanzar los objetivos de estabilidad de aquellos en los que no lo sea.

Esta resolución llega como resultado de la petición presentada por el PSC el pasado día 5 de junio y es el paso previo a una posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Parlament. Los socialistas catalanes solicitaron la revisión de ocho preceptos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero el órgano solo ha hallado inconstitucional el artículo 32.

El dictamen deja en mala situación a Convergència i Unió, que apoyó en el Congreso de los Diputados la Ley de Estabilidad pese a que el resto de los grupos alertaban de la invasión de competencias que suponía el texto. El portavoz del Gobierno de CiU, Francesc Homs, ha asumido hoy la situación. En una entrevista en TV-3, Homs ha afirmado que el Gobierno de CiU podría recurrir esta norma. Asimismo ha atribuido al "instinto de supervivencia" y al "interés del país" el voto a favor de CiU en el Congreso. Según ha afirmado, los nacionalistas no pidieron ningún dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias -que sí pidió el PSC- porque en la tramitación de esta ley orgánica la federación ya se encargó de procurar que "afectase lo menos posible" a Cataluña. En este sentido, ha tachado la actitud de los socialistas de "contradictoria" porque, según ha indicado, la Ley de Estabilidad tiene su origen en la "gran amputación" a la autonomía financiera que supuso la última reforma constitucional, que salió adelante con los votos del PSOE y del PP.

El Consejo de Garantías considera que la ley vulnera el artículo 135 de la Carta Magna, que, aunque consagra el principio de estabilidad presupuestaria, no habilita al Gobierno para introducir un mandato que "vulnera de manera desproporcionada la autonomía financiera de las comunidades autónomas sin que sea necesario para la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria".

El organismo ve "recomendable" dedicar el superávit a reducir el endeudamiento, pero entiende que esta previsión debería hacerse mediante "instrumentos de colaboración" y, especialmente, "con acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera". Además, afirma que el mismo artículo supone una invasión del principio de autonomía financiera de la Generalitat, fijado de modo general en el artículo 201.2 y, para este caso concreto, en el 202.2 del Estatuto catalán.

Según el consejo, el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria "impide al Parlament la libre decisión de dedicar este superávit a reducir el endeudamiento neto o bien a las finalidades de gasto que considere oportunas de acuerdo con las directrices políticas o económicas prioritarias".