Anticorrupción apoya al FROB en que la Audiencia investigue el Banco de Valencia

La Fiscalía Anticorrupción considera que los delitos supuestamente cometidos en la gestión del Banco de Valencia tuvieron una “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional”. Y, por ello, que debe ser la Audiencia Nacional la que investigue los hechos.

El ministerio público se alinea de este modo con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que hace dos semanas denunció ante la Audiencia Nacional algunas de las operaciones efectuadas en la entidad financiera. El Banco de Valencia fue intervenido en noviembre debido a su insolvencia. Acaba de recibir una inyección de 1.000 millones de euros de ayuda pública, y ha quedado así virtualmente nacionalizado —el Estado posee ahora el 91% de las acciones— a la espera de una eventual venta.

El escrito del fiscal, dirigido al juzgado central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Santiago Pedraz, cita los supuestos delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida cometidos en la gestión del banco. Anticorrupción se limita a mencionar que el FROB presentó la denuncia contra “Dominga Parra y otra”, sin ofrecer más detalles. Según la información contrastada por este periódico, sin embargo, el fondo de rescate señaló en la misma como presuntos autores de los delitos a Parra, su esposa, el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, y cuatro de sus familiares.

Anticorrupción también es partidaria de trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas por un juzgado de la Audiencia de Valencia a raíz de la denuncia presentada por una asociación de pequeños accionistas. En este caso, dirigida contra Parra, el expresidente de la entidad y de Bancaja José Luis Olivas, Antonio Tirado, Aurelio Izquierdo, el consejo de administración del banco y otros órganos de gestión.

Calabuig defiende la legalidad de sus negocios con el Banco de Valencia

Este juzgado solicitó al FROB que le remitiese las posibles irregularidades que pudiera haber detectado en la entidad. El fondo dependiente del Banco de España decidió, sin embargo, a la vista de la gravedad de los supuestos delitos detectados, presentar la denuncia ante la Audiencia Nacional acompañada por un informe de 200 páginas en las que se detallan las operaciones. Pero este, según las fuentes consultadas, no es el informe definitivo sobre el modo en que se gestionó la entidad y las ilegalidades que pudieran haberse cometido, sino solo una primera entrega restringida a los negocios efectuados por el exconsejero delegado del banco y Calabuig en el marco de Aguas de Valencia y de la adquisición de la promotora inmobiliaria Costa Bellver por parte de la entidad financiera.

La empresa de Calabuig, Fomento Urbano, socia del Banco de Valencia en Inversiones Agval, a través de la cual mantiene la mayoría del accionariado de Aguas de Valencia, rompió ayer su silencio para ofrecer su versión. “Nuestra gestión en Aguas de Valencia en la última década ha conseguido resultados históricos. [Inversiones] Agval no ha contribuido ni con un solo euro al desequilibrio financiero que sufre el Banco de Valencia”. Según la empresa, “todas las transacciones realizadas entre el grupo Banco de Valencia y el grupo Fomento Urbano han sido efectuadas a precios de mercado, con tasaciones oficiales e independientes, con absoluta transparencia y pleno conocimiento de los socios. Y el resultado neto de las operaciones realizadas ha sido altamente positivo para el Banco de Valencia”.

El comunicado de Fomento Urbano solo mencionaba al FROB de pasada, pero parecía claro que buscaba contrarrestar su posición, que ahora recibe el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. En su escrito, destinado a defender la competencia de la Audiencia Nacional en el caso, el ministerio público destacaba que los hechos descritos en la denuncia del fondo de rescate se producían en una entidad, el Banco de Valencia, que ha recibido una línea de crédito de 2.000 millones y un aval del Tesoro de otros 1.500 millones con el que “solicitar dinero al Banco Central Europeo”, a lo que hay que sumar la reciente inyección de 1.000 millones de ayuda pública en forma de capital. Anticorrupción subrayaba también que el Banco de Valencia es una empresa cotizada, “lo que supone la afectación de la economía nacional al verse afectado el propio sistema financiero, con incidencia en otras sociedades, también cotizadas”.

Fomento Urbano centra buena parte de su comunicado en recordar el acuerdo que, en su momento, se adoptó para “preservar la denominación de origen valenciana en Aguas de Valencia”. En octubre de 2007 se creó Inversiones Financieras Agval “propuesto por el Banco de Valencia” y en el que también participaban Boluda Inversiones, Luis Batalla (de Lubasa), Fomento Urbano y la entidad. Y que las limitaciones para vender las acciones a compradores externos “condicionan por igual a todas las partes”.

La empresa de Calabuig indica que intentó comprar al Banco de Valencia, tras la intervención, su participación en Aguas de Valencia sin haber recibido respuesta. El FROB se ha opuesto porque considera que ese acuerdo está viciado de ilegalidad desde el principio.