La Junta pone en duda el fraude en la cartilla de los jubilados
Montero: “Si tuviéramos conocimiento hubiéramos ido a la fiscalía”
La Junta de Andalucía “no tiene ningún dato” del posible uso fraudulento por parte de 200.000 trabajadores de las tarjetas sanitarias de un familiar pensionista para obtener los medicamentos de manera gratuita. Este supuesto fraude lo denunció ayer la ministra de Sanidad, Ana Mato, por el cruce de datos de Hacienda y de la Seguridad Social.
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que si tuviera conocimiento de ese hecho “hubiera ido a la fiscalía”. “No sé de dónde sale esa información”, ha resaltado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La Junta dice no tener acceso a esa información ya que no dispone de los datos de Hacienda ni los de la Seguridad Social y ha negado que haya recibido alguna comunicación oficial por parte del ministerio por lo que no pueden poner sanciones a los posibles infractores. “No sé a quién tenemos que sancionar. He conocido la información igual que usted, por los periódicos esta mañana”, ha comentado.
Montero ha hecho estas declaraciones el mismo día en que el Consejo de Gobierno, presidido por el vicepresidente, Diego Valderas (IU), ha autorizado a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley de medidas urgentes del sistema nacional de salud. El Ejecutivo de coalición entiende que esta norma vulnera principios constitucionales e invade competencias autonómicas.
Según los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía el real decreto viola el artículo 43 de la Constitución al “cambiar el concepto de ciudadanos con derecho a la salud por el de asegurados o beneficiarios”. Igualmente, estima que vulnera los artículos 12, 14 y 22 del Estatuto de Autonomía para Andalucía en los que se extiende el derecho a la protección a la salud a todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía (es decir, los inmigrantes empadronados) y se prohíbe cualquier discriminación “por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
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