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La FAMP ve discriminatorio el plan para que Marbella pague la deuda

Toscano pide que todos los municipios con problemas tengan las mismas facilidades

Fernando J. Pérez
Francisco Toscano y Ángeles Muñoz en una reunión de la FAMP.
Francisco Toscano y Ángeles Muñoz en una reunión de la FAMP.Alejandro Ruesga

La decisión del Gobierno de permitir que el Ayuntamiento de Marbella pague su deuda de 270 millones de euros con Hacienda y la Seguridad Social directamente con bienes embargados en procedimientos judiciales en los que el Consistorio está personado, así como de rebajar al 1% el tipo de interés y de ampliar a 40 años el tipo de pago escuece en el resto de municipios. El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, del PSOE, considera “discriminatoria” esta excepción del Ejecutivo con Marbella, que se recogerá en una disposición adicional a los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

La excepción hecha con Marbella se deriva del hecho de que este fue el primer municipio, y único hasta ahora, disuelto por la gestión dañosa de sus dirigentes. “Nos alegramos por Marbella, pero es un agravio. El Gobierno está discriminando a otros ayuntamientos con graves problemas económicos y por los que también pasó el gilismo, como Estepona o La Línea de la Concepción”, afirmó Toscano. El representante de los alcaldes andaluces anunció que remitirá una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para pedirle igualdad de trato para el resto de municipios en apuros.

Por otra parte, la regidora marbellí, Ángeles Muñoz, del PP, criticó que la Junta de Andalucía se niegue, al contrario que el Gobierno central, a renegociar las condiciones de devolución del préstamo reintegrable de 100 millones de euros que dio a la ciudad tras destaparse el caso Malaya.

El plan especial para que Marbella refinancie su deuda en condiciones ventajosas molesta en la FAMP. “Llevamos tiempo pidiendo que haya un plan de refinanciación de la deuda para todos los municipios, como el que hizo Felipe González cuando llegó al Gobierno en 1982. Parte del dinero se entregó a fondo perdido y la otra parte los ayuntamientos tuvieron que devolverla y hubo un control muy fuerte”, recuerda Toscano.

En cualquier caso, aunque el presidente de la FAMP envíe una carta de protesta a Montoro, el interlocutor de los consistorios ante el Gobierno es la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. La comisión de Presupuestos de este organismo nacional ya expresó al Ejecutivo sus reservas sobre la medida de favor a Marbella, según fuentes de la propia federación. Sin embargo, el Gobierno no contempló la posibilidad de ampliarlas a otros casos.

La Junta rechaza aliviar el interés del préstamo de 100 millones a Marbella

Según la disposición adicional 71 a los Presupuestos Generales del Estado, la deuda heredada por Marbella tras el expolio de 15 años de gilismo se podrá abonar al 1% en lugar del 5,5% que se exigía hasta ahora. Además, el plazo de pago se aumenta a un máximo de 40 años mediante el descuento de las transferencias a Marbella de su participación en los ingresos del Estado.

Toscano comparó este “trato de favor” a Marbella con el que recibió Cádiz en 1998 cuando el Gobierno de José María Aznar aprobó aumentar las transferencias a la ciudad en atención a su “insularidad” y a la falta de suelo para construir.

Uno de los principales beneficios de la disposición adicional es la posibilidad de pagar la deuda directamente con bienes en especie obtenidos en causas judiciales. En diciembre de 2011, el Ayuntamiento de Marbella calculaba que podría recibir unos 100 millones de euros por las sentencias firmes que le han sido favorables hasta ahora. Solo en el Tribunal de Cuentas hay embargadas propiedades que buscan garantizar el cobro de 11 millones de euros. En el llamado caso Minutas, el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, fue condenado en primera instancia a indemnizar al Ayuntamiento con 2,7 millones. En el caso Malaya, el fiscal pide que varios exconcejales gilistas indemnicen solidariamente a la ciudad con cuatro millones de euros.

Las nuevas facilidades para Marbella consagradas en la ley de Presupuestos contrastan con la decisión de la Junta de Andalucía de no revisar las condiciones de devolución del llamado anticipo reintegrable de 100 millones de euros que recibió la ciudad tras la disolución del Ayuntamiento por el caso Malaya en abril de 2006. El pasado jueves, PSOE e IU rechazaron en el Parlamento andaluz una proposición no de ley del PP en la que se pedía renegociar los términos del préstamo o la posibilidad de que Marbella devuelva el anticipo con las mismas condiciones que le ha dado el Gobierno central para abonar la deuda.

Ángeles Muñoz criticó ayer en rueda de prensa que el Gobierno andaluz en un mes haya retenido a la ciudad los fondos de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), un total de 1,7 millones de euros que ha desbloquedo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Además, lamentó la “falta de voluntad de cara a la negociación” por parte de la Junta, que, según ella, ha alegado que el caso de Marbella no es excepcional y que “no tiene un color especial”.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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