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El Consell renuncia a fondos europeos de turismo tras hallarse irregularidades

La Generalitat ha pedido “reprogramar” proyectos por unos 12 millones de euros

El presidente Alberto Fabra y el jefe de la delegación de eurodiputados, Derek Vaughan.
El presidente Alberto Fabra y el jefe de la delegación de eurodiputados, Derek Vaughan.CARLES FRANCESC

Una de cal y otra de arena, y aún otra a los tribunales. La visita de una delegación de parlamentarios europeos desveló este miércoles que la Unión Europea paralizó en noviembre de 2011 la aportación de fondos a dos organismos de la Generalitat Valenciana, el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva) y la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) al haber detectado irregularidades en la gestión de los proyectos.

En el primer caso, el Consell que preside Alberto Fabra se ha comprometido a subsanar los problemas y la Comisión Europea ha desbloqueado los fondos. En el segundo, los interlocutores de la Generalitat han preferido retirar los proyectos. Habrían llegado, incluso, según una de las integrantes de la delegación, la diputada socialista Inés Ayala, a sugerir que “se disolverá el organismo”. Este último extremo lo desmintió la Generalitat posteriormente. Una portavoz recordó que tanto la Agencia Valenciana de Turismo como Ràdio Televisió Valenciana han sido consideradas casos particulares en la remodelación del sector público empresarial de la Generalitat hasta la fecha.

La eurodiputada del PP Eva Ortiz, también integrante de la delegación, redujo lo ocurrido con los proyectos de la Agencia Valenciana de Turismo a “una reprogramación de los fondos”. El conjunto de los proyectos reprogramados supone la devolución de unos 12 millones de euros de los fondos Feder del periodo 2007-1013, según otras fuentes.

Los eurodiputados invitan a Fabra a remediar “errores del pasado”

El tercer asunto en el que la UE ha detectado problemas son las ayudas concedidas para descontaminar una parcela de una desparecida industria química en el antiguo cauce del Turia, en Valencia. En este tema no hay acuerdo y la Comisión Europea lo ha llevado a la Corte de Justicia. La Generalitat sostiene que el coste del proyecto alcanza los 28 millones de euros mientras que la Unión Europea rechaza la ampliación del presupuesto y lo limita a 17 millones.

Los “modificados” o ampliaciones de los costes de los proyectos, que propician contrataciones sin los criterios de publicidad y concurso que exige la normativa comunitaria para las licitaciones, son el caballo de batalla de lo que el presidente de la delegación de diputados del Parlamento Europeo que ayer visitó Valencia, el laborista galés Derek Vaughan, calificó de “errores”.

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Vaughan negó haber hablado explícitamente de la Agencia de Turismo —“no ha sido mencionada ni objeto de debate en ninguna de las reuniones mantenidas”, señaló en un comunicado—, y de la Ciudad de la Luz, por la que la Comisión Europea reclama la devolución de 265 millones a causa de una infracción de la competencia, pero declaró tras entrevistarse con Alberto Fabra en el Palau de la Generalitat que se han detectado “errores en licitaciones y modificados”, aunque las respuestas del Gobierno valenciano son “satisfactorias”.

Los modificados y la no licitación de contratos, principales irregularidades

Según Vaughan, la expedición de europarlamentarios pretende asegurarse, en sus contactos con los responsables políticos valencianos y españoles, de que “los errores del pasado se puedan remediar en próximas convocatorias y que los fondos se destinen a proyectos de infraestructuras, investigación y desarrollo, formación y creación de empleo, en beneficio de los ciudadanos”. El político británico aludía así al hecho de que, una vez ha quedado atrás la consideración de Objetivo 1, cuando se supere la etapa de transición, los programas de fondos de europeos serán mucho más exigentes y especializados.

Fabra, que no compareció ante los periodistas tras la reunión, habría dado garantías a los eurodiputados, cuya misión era “verificar cómo se han gastado y si se han gastado debidamente” los fondos de la UE.

La popular Eva Ortiz señaló tras el encuentro que el jefe del Consell dejó claro que “algunas situaciones que se han encontrado están siendo perfectamente subsanadas”.

Vaughan dice que las respuestas del Consell son “satisfactorias”

Los diputados de la delegación enviada por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que visitarán también Castilla-La Mancha y Andalucía, dos comunidades que junto a la valenciana son las más problemáticas en la gestión de los fondos estructurales, viajaron desde Madrid en AVE. Todos elogiaron esta infraestructura ferroviaria, cofinanciada por la UE.

Después visitaron el Instituto Tecnológico de la Energía, en Paterna, para informarse sobre el proyecto Biocar; acudieron al espacio del PAU de la avenida de Francia, en Valencia, donde se ejecuta el proyecto de descontaminación de una antigua fábrica química y comieron en la escuela de hostelería del Centro de Turismo, en la avenida de la Alameda. En los tres casos hay fondos europeos implicados. Por la tarde, en la Ciudad de la Justicia, mantuvieron una entrevista de trabajo con el consejero de Hacienda, José Manuel Vela y con representantes de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante.

“No somos hombres vestidos de negro”

Derek Vaughan, presidente de la delegación de eurodiputados que visitó este miércoles Valencia, bromeó al comentar: “No somos hombres vestidos de negro”. Quería quitar hierro a la fiscalización que el grupo venía a ejercer sobre “la aplicación del presupuesto de la UE en España” y, muy concretamente, en las tres “regiones más problemáticas”. Acompañado por Jean Pierre Audy, del Partido Popular Europeo; Catalin Sorin Ivan, del Grupo Socialista; Michael Theurer, de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), y los españoles Eva Ortiz y Salvador Garriga, del PP, y Josefa Andrés e Inés Ayala, del PSOE, reconoció que España ofrece una especial complejidad a la hora de hacer el seguimiento de los contratos, “con tantos organismos de pago”. Pero añadió que hay que comprender que es “un país plenamente descentralizado”.

La advertencia que la visita supone, de todas maneras, está ahí. Además, la delegación levantó bastante polvareda gracias a las declaraciones de la socialista Ayala, que desveló que la Generalitat Valenciana ha tenido que renunciar a fondos europeos por problemas en la gestión. Ayala también se refirió a las quejas de los Ayuntamientos que no reciben ayudas europeas canalizadas por la Generalitat. Las dificultades económicas de la Administración autonómica, que no podría hacerse cargo de cofinanciar algunas de estas ayudas, es una de las causas.

En sus declaraciones tras la entrevista con el presidente de la Generalitat, la eurodiputada socialista también se refirió a que en el programa de fondos Feder, en el apartado de inversiones en infraestructuras sociales la Generalitat Valenciana ha pedido “cero euros”. Se refería al sexto de los siete apartados del programa. Así, en I+D+i, la Comunidad Valenciana ha pedido 190 millones; 305 millones en proyectos de empresariado; 391 para medio ambiente; 297 para transporte, infraestructuras y energía; 116,5 para desarrollo sostenible y 24 para asistencia técnica. Sólo el apartado número seis, de inversiones en infraestructuras sociales, está vacío.

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