El Estado pagará una indemnización millonaria a los antiguos dueños de Ons

En la pelea de los vecinos de la isla de Ons por la propiedad de sus casas, que se remonta ya casi a medio siglo, permaneció sepultada durante años una variable incómoda para las sucesivas administraciones públicas. La familia Riobó, heredera del último propietario de Ons, tenía, según las leyes del franquismo, el derecho a recuperar la propiedad si se cambiaba el destino militar para el que fue expropiada. Permanecieron callados hasta 1996, pero desde entonces vienen librando una batalla judicial que rebota de tribunal en tribunal. La última sentencia del Supremo, emitida la semana pasada, confirma el derecho a indemnización, cuyo montante podrá estar entre los 350.000 euros que ofrecía el Estado y los 1,74 que pide la familia.

Aunque entre las estrellas de cine no es del todo inusual la compra de islotes en mares exóticos, la tónica general en España ha sido la paulatina reversión de las islas al dominio público. En Galicia el mayor empujón llegó en tiempos del bipartito. En 2007 se expropió Cortegada por 1,8 millones de euros, bastantes menos de los 8,6 que tuvo que emplear el mismo año el Ministerio de Medio Ambiente para birlarle Sálvora a una Caixa Galicia en plena vorágine inmobiliaria, que ya tenía pactada la compra al marqués de Revilla. La historia de Ons es distinta. Propiedad nobiliaria hasta los años veinte del siglo pasado, el médico Manuel Riobó Guimeráns, natural de Bueu, la compró por 250.000 pesetas tras un económicamente provechoso paso por la emigración filipina. Una década después, formó la sociedad limitada Isla de Ons, que regía junto a su hijo Didio. Riobó padre murió en 1933 y su hijo le siguió pronto. Se suicidó en 1936, antes de que los fascistas le diesen caza.

Sin reparar demasiado en los colonos que desde comienzos de siglo crecían en número, la dictadura expropió la isla en 1941 por un millón de pesetas, para dejarla en manos del Ministerio del Ejército.

Según Manuel Riobó Fernández, nieto de los Riobó originales, la idea era hacer de Ons una base para que los submarinos de la Alemania nazi tuviesen guarida, en una época en la que parecía que el III Reich llevaba las de ganar en la II Guerra Mundial. De la derrota final y las contorsiones de Franco para desmarcarse del bando perdedor derivó también la posibilidad de que la familia recuperase la propiedad, porque la jurisprudencia entiende que si desaparece el fin que justificó la expropiación, los antiguos dueños pueden pagar lo debido y reinstaurarse como propietarios. El cambio en la naturaleza de la ocupación se formalizó en 1965, cuando el Ministerio de Agricultura tomó posesión. En aquella década la población llegó a rozar las 500 personas, pero los Riobó permanecieron silentes. "Siempre fue un tema tabú entre nosotros, por miedo a represalias y quizás por algún problema familiar", reflexiona Riobó Fernández, que asegura que el legajo en que figuraban los términos de la expropiación les fue ocultado durante décadas. “Mi familia no tenía un duro y tuvo que trabajar donde pudo. Las pasaron putas para sobrevivir en la posguerra”, sostiene el descendiente, que recuerda que su padre, muerto antes de cumplir los 50 años, comentaba en ocasiones su deseo de escribir la historia de la isla.

La dictadura de Franco expropió la isla para dedicarla a usos militares

El peregrinaje jurídico empezó a finales de 1996, cuando Riobó Fernández se puso de acuerdo con sus primos para reclamar finalmente la reversión. A pesar del tiempo transcurrido, contaban con que la ley vigente en la época de la expropiación no señalaba un plazo de caducidad para ejercer el derecho. Tras las negativas en el trámite administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla por primera vez a favor de los herederos, ordenando la reversión “en natura” o la indemnización. La sociedad limitada fundada en los años treinta, aunque inactiva, sirvió a la familia para hacer valer la propiedad a ojos de los magistrados.

La Abogacía del Estado y la Xunta —que pasó a ser la responsable administrativa en 1984— llevaron el litigio al Supremo, que en 2005 volvió a dar la razón a los Riobó, pero introdujo un matiz que rebaja drásticamente las expectativas económicas de los viejos dueños. La resolución previó que ya que Ons— parte del Parque Nacional Illas Atlánticas desde 2002— probablemente tendría que volver a ser expropiada, sería suficiente compensar con el 5% del valor de la isla a los reclamantes.

En los siete años siguientes, la cuestión ha estribado en cuál sería la cifra. La sociedad estatal Tragsa la tasó en siete millones de euros, una cifra menor de la esperada. “Pusieron el precio del metro cuadrado en un euro, como si fuera un pastizal de secano en A Cañiza, cuando en Sálvora se pagó a 4,8”, recuerda Riobó, que censura el “recochineo” de aquel cálculo, en el que se afirmaba, asegura, que la isla aroousana valía más porque tenía más percebes. La última resolución no cuestiona los criterios que se utilizaron pero dice que se debe tomar como fecha para el cálculo de la indemnización la de 2005, y no la de 1997 que se estableció de entrada.

De la subida del valor del terreno en esos años dependerá el cobro final y el fin de un proceso al que también esperan los vecinos para solucionar sus propios pleitos. “Mientras no se resolviese lo de los Riobó teníamos las manos atadas”, apunta, por su parte, María José Pérez, presidenta de una de las dos asociaciones de vecinos de Ons, que también pleitea para que el sistema actual de concesiones para las casa se cambie por la plena propiedad.