Los afectados de Spanair acusan a Consumo de defender a los accionistas

La Asociación de Afectados por el Cese de Operaciones de Spanair ha denunciado este miércoles la posición que ha tomado la Agencia Catalana del Consumo en el conflicto provocado por la liquidación de la aerolínea catalana, que cerró de forma abrupta el pasado 27 de enero y presentó concurso de acreedores, dejando sin valor miles de billetes que había vendido. El portavoz del colectivo, el abogado Cándido Goméz-Pumpido, ha señalado que en una reunión mantenida con el director del organismo autonómico, Alfons Conesa, este optó por “defender la actuación de la Generalitat” cuando la asociación planteó pedir responsabilidades patrimoniales “por falta de supervisión” a la Administración autonómica, que se había convertido en la principal accionista de Spanair a través de diferentes organismos públicos.

La plataforma denuncia que la Agencia Catalana del Consumo ha tomado partido en el conflicto dejando de lado a los clientes de Spanair. Sobre todo cuando ha decidido considerar los billetes de ida y vuelta como dos contratos diferenciados para que, según la versión de Conde-Pumpido, estos computen por un valor inferior a los cien euros. Según el Código de Comercio, para ventas por debajo de esas cuantías las empresas no tienen por qué tener una garantía de devolución (una fianza o un seguro) y la compañía quedaría liberada de responsabilidades.

“Nos hemos encontrado, desde el punto de vista de los pasajeros, en una situación de completa desprotección”, ha señalado Conde-Pumpido, quien ha recriminado doblemente a la administración autonómica por su participación en el capital de la aerolínea.

Conde-Pumpido ha lamentado que tanto el presidente de la Generalitat, Artur Mas, como el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, se hayan negado a reunirse con los afectados en su calidad de responsables de las inversiones de la Generalitat y que, en cambio, le ofrecieran como interlocutor a la Agencia Catalana del Consumo.

El representante de los afectados ha denunciado la escasez de información en el proceso en su comparecencia ante la comisión de Economía del Parlamento catalán y el hecho de que menos del 50% de los afectados ha podido recuperar su dinero.

La asociación de afectados, personada en el concurso de la compañía, reclamará que se declare culpable a la compañía, “para que sea el consejo el que responda de los perjuicios económicos”, lo que obligaría a la Generalitat y al resto de accionistas a indemnizar a los clientes con billetes con un valor inferior a los cien euros. Spanair presentó concurso con un pasivo declarado de 474 millones de euros.

La Generalitat inyectó 135,5 millones en capital y otros 35 millones con un crédito del Instituto Catalán de Finanzas. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona hizo lo propio con unas aportaciones por valor de 73 millones, según estimaciones del grupo popular.