El juicio por la marea negra arrancará en octubre y durará más de siete meses

Los cuatro acusados por la marea negra del Prestige conmemorarán el décimo aniversario de la catástrofe que se cumplirá el próximo 13 de noviembre sentados en el banquillo. El macrojuicio contra el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, dos miembros de su tripulación —el jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos, y el primer oficial, Ireneo Maloto—, y el entonces director general de la Marina Mercante en el Gobierno de Aznar, José Luis López Sors, comenzará el 16 de octubre y se prolongará, como mínimo y si todo transcurre según lo previsto, durante siete meses y medio, hasta el 29 de mayo de 2013. La vista, que se celebrará en un recinto de A Coruña aún sin decidir, congregará de manera presencial o por videoconferencia a medio centenar de letrados que representan a los 2.128 personados en la causa, 28 procuradores, 133 testigos y 98 peritos. Fuentes cercanas al devenir del caso ponían ya ayer en duda que se cumplan los plazos. Quizás porque estos diez años de espera han demostrado que el tiempo a bordo del funesto Prestige siempre transcurre más despacio de lo imaginable.

El auto de señalamiento, hecho público ayer por la Audiencia Provincial de A Coruña, incluye el listado de testigos, peritos y pruebas documentales propuestos por las partes que han sido rechazados por los magistrados Juan Luis Pía Iglesias, Salvador Sanz Crego y Dolores Fernández Galiño. Entre los descartes más destacados se encuentran los marineros que conformaban la tripulación del petrolero hundido el 13 de noviembre de 2002 junto con los acusados Mangouras, Nikolaos y Maloto. El auto esgrime que no se admite su declaración en la vista “atendiendo a las sensatas y prudentes matizaciones del Abogado del Estado”, entre otros motivos.

Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia coruñesa tampoco permitirán que los “gestores de entidades perjudicadas” por el desastre económico y ambiental que provocó el naufragio del Prestige testifiquen en el juicio. Debido a esta restricción no podrán escucharse en la vista los testimonios de 15 patrones mayores de las cofradías de Galicia, Cantabria y Asturias. Según los criterios establecidos por la Audiencia Provincial, tampoco se permitirá la declaración como testigos de quienes se personaron como parte en estos casi diez años de tramitación judicial.

Aunque son cuatro las personas que se sentarán en el banquillo, el peso de las acusaciones recae en el capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras, para el que se piden 12 años de cárcel por atentado contra el medio ambiente y los recursos naturales, daños y desobediencia, los mismos delitos que se le imputan a los otros dos miembros de la tripulación. Mangouras se enfrenta además, junto a la aseguradora del buque, The London P&I, al pago de una indemnización de 2.233,76 millones de euros para compensar los daños. El director general de la Marina Mercante en el momento de la catástrofe, José Luis López Sors, está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió el buque durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta Francia.

Para que el juicio no dure más allá de los siete meses y medio previstos, las sesiones deberán desarrollarse a buen ritmo, con una media de siete declaraciones al día en el caso de los testigos y de cuatro si se trata de peritos. La lectura de folios se decidirá “con criterio restrictivo”, advierte la Audiencia, y la reproducción de vídeos o grabaciones de audio de lo ocurrido en aquellos días de noviembre de 2002 “casi nunca será total”, sino “puntual”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Xunta deberán ahora determinar el lugar donde se celebrará el juicio. Expocoruña, el recinto ferial ubicado a la entrada de la ciudad, es la infraestructura con más posibilidades de albergar la vista, según han confirmado fuentes del Gobierno gallego. El auto de señalamiento del juicio incide en la necesidad de liberar un presupuesto para financiar el traslado y la estancia en A Coruña de los cuatro acusados y los honorarios de los abogados de oficio.