“La crisis no puede ser la excusa”

“Los 100.000 millones de los banqueros, para Pobreza Zero”, lucía en un cartel una de las manifestantes. Mientras, su colectivo, la Plataforma Pobreza Zero, extendía una gran pancarta que decía: “Las personas primero, la crisis no puede ser la excusa”. Alrededor de 1.000 personas recorrieron ayer las calles de Valencia para denunciar que los recortes económicos que afrontan las administraciones en materia de solidaridad y ayudas sociales están poniendo en peligro el trabajo de cientos de asociaciones y en riesgo a miles de ciudadanos.

Convocada por Xarxa de Xarses d’Acció Social i Cooperació, se trataba de la primera protesta unitaria que organizaban estos colectivos. Decenas de asociaciones, integradas en plataformas que van desde las de defensa de los discapacitados hasta las organizaciones no gubernamentales (ONG) para el desarrollo, y desde asociaciones dedicadas a enfermos (como el sida o el Alzheimer) hasta colectivos de voluntarios que ayudan a los inmigrantes.

Julia Checa, de Valencia Acoge, denunciaba, en representación de la Mesa d’Entidats de Solidaritat amb els Immigrants, cómo los recortes de las administraciones y sobre todo los impagos están haciendo mucho daño: “Los inmigrantes son los primeros a los que afecta la crisis, porque muchos ya estaban con altos niveles de precariedad y ahora están perdiendo el empleo y, lo que es peor, cuando se quedan si trabajo pueden perder el permiso de residencia”, resumió Checa.

Según afirmó, la Generalitat todavía debe el 100% de las ayudas de 2011 a las 20 ó 25 asociaciones de este colectivo, que en muchos casos han tenido que despedir a personal. Además, aún no se han resuelto las convocatorias de 2012. “No podemos resistir mucho más, sobrevivimos gracias a la solidaridad de la gente y al esfuerzo de los voluntarios”.

La Generalitat todavía

Lo mismo aseguraba Sonia Márquez, de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CV), que agrupa a 21 entidades dedicadas a apoyar a cada vez más personas, ya que aseguran que el 25% de los valencianos, 1,3 millones, acuden a los servicios sociales.

Carles Xavier López, presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo también denuncia que el Consell, que no ha cumplido con el objetivo del 0,7%, está asfixiando a las asociaciones, con recortes de más del 50%.

Sandra Gómez, del Consell de la Joventut, denunció que los jóvenes, que sufren una tasa de desempleo del 50%, se quedan sin ayudas a la vivienda o les suben las matrículas universitarias. Concha Gálvez, en representación de asociaciones del ámbito penitenciario ponía un ejemplo: “Un enfermo mental atendido no delinque”.

Y desde la Coordinadora de Lluita contra la Sida, Carlos Manuel Gómez explicaba que las ayudas han caído un 50% en tres años, en un momento en el que suben las tasas de infección. “Están condenando a morir a los inmigrantes si les quitan la tarjeta sanitaria, no atender es peor, porque si no están tratados pueden infectar a más personas”.

La protesta sirvió para denunciar el derroche y la corrupción. Así, los manifestantes denunciaron que con lo robado en Emarsa se podría insertar laboralmente a 6.600 personas. O que con los 625 millones de sobrecoste de la Ciudad de las Ciencias se podría dar vivienda, manutención e inserción laboral a 75.300 mujeres. O que se podría tratar a 4.100 enfermos de Alzheimer con la deuda de la Fórmula 1.