El Consell cobrará de 50 a 95 euros en cada acto legal civil o contencioso

Los usuarios pagarán entre 50 y 95 euros por cada acción legal que inicien en los tribunales por la vía civil y del contencioso-administrativo. El Consell aprobó ayer un nuevo paquete de tasas judiciales “por servicios personales y materiales” que le permitirán recaudar entre ocho y diez millones de euros anuales. Estas tasas penalizarán a quien mayor uso haga de la Administración de Justicia.

Las tasas se tendrán que pagar a la hora de presentar una demanda por procedimiento civil o contencioso-administrativo y cuando, en ellos, se interpongan recursos de apelación o casación. Así, con la entrada en vigor de la ley, iniciar una demanda civil ordinaria costará 95 euros y presentar una apelación o un recurso de casación la misma cantidad. Si se trata de una demanda verbal por una cuantía superior a los 3.000 euros el demandante tendrá que pagar 50 euros de tasa. Lo mismo ocurrirá en la vía del contencioso-administrativo. Si la demanda es por un procedimiento abreviado menor a 3.000 euros se pagarán 75 euros. Si es una demanda ordinaria, una apelación o una casación se pagarán 95 euros por cada una de ellas.

De la imposición de tasas quedan excluidas las acciones legales por la vía penal y la social (reclamaciones laborales, a la seguridad social, por prestaciones de desempleo) y algunas materias de la jurisdicción civil referidas a situación familiar, estado civil o sucesiones. A los autónomos que presenten demandas relacionadas con su actividad se les bonificará la tasa en un 50%. Una bonificación que también se aplicará a familias numerosas o monoparentales. Las personas y entidades que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita tampoco pagarán las nuevas tasas judiciales.

El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, y el vicepresidente y portavoz, José Ciscar, explicaron ayer que también se aprueban dos nuevos impuestos medioambientales.

El mayor de ellos grava la actividad de las empresas que deterioran el medio ambiente en función de la emisión de gases, la generación de residuos nucleares y afectará, fundamentalmente, a las empresas generadoras de energía. Por este impuesto se prevé recaudar algo más de 29 millones de euros. El segundo impuesto grava el depósito de residuos en vertederos para su eliminación, aunque por este concepto solo se prevé recaudar algo más de millón y medio de euros. Vela aseguró ayer que, en cualquier caso, este impuesto no se trasladará a las tasas de recogida y tratamiento de basuras que pagan los ciudadanos.

En el texto legislativo aprobado por el Consell se recupera el impuesto sobre el patrimonio para el ejercicio de 2012 y se aumenta la presión fiscal en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Este incremento de la presión fiscal ya estaba previsto en el plan de reequilibrio financiero de la Generalitat, aunque ahora se pone en marcha para su aplicación.

En total, el Consell prevé ingresar el año que viene unos 156 millones de euros adicionales con estas medidas recaudatorias.

En su reunión semanal, el Gobierno valenciano también aprobó un plan de ahorro energético para sus edificios públicos, que incluye normas como las temperaturas máximas y mínimas que podrán suministrar los aparatos de aire acondicionado. El Consell también modificó los estatutos de la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias SA para poder vender servicios de consultoría y asistencia técnica a terceros para poder desarrollar una nueva unidad de negocio.