La Junta y los sindicatos fracasan al negociar el decreto de ajustes

El acuerdo ha resultado definitivamente imposible y la Junta aprobará el decreto de ajuste presupuestario sin el respaldo de los representantes de los trabajadores. La reunión extraordinaria de la Mesa General de Negociación del Empleado Público para analizar el plan de ajuste a la que han acudido hoy viernes las centrales CSIF, CC OO y UGT y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, no permitió el desbloqueo de la situación y, con el convencimiento de que el objetivo resulta ya imposible, las partes dieron por acabada la negociación.

El Gobierno andaluz aplazó hace dos semanas la aprobación del plan de ajuste para intentar un proceso de negociación con los sindicatos. Una vez fracasado este, el decreto se aprobará por el Consejo de Gobierno este mismo mes y se tramitará como proyecto de ley en el Parlamento, según anunció Martínez-Aguayo.

Las propuestas que la Junta llevó ayer a la mesa para suavizar el ajuste resultaron del todo insuficiente para recabar el apoyo sindical, y es que, las centrales consideran que el ajuste sigue siendo duro, pues entre otras consecuencias supone una reducción del salario del personal interino de entre el 10% y el 15% y que ya no están dispuestas a más cesiones con la administración autonómica.

La Junta, que el jueves hizo el gesto de reducir los salarios de los altos cargos un 7,5%, llevó ayer un nuevo documento de propuestas que en su mayoría consisten en compromisos de futuro, y que apenas suponen modificar sustancialmente las cuantías del ajuste, aunque finalmente el recorte en el capítulo de personal se verá aliviado en una cantidad de entre 25 y 30 millones de euros sobre lo previsto inicialmente, que los sindicatos consideraron insuficientes.

La Junta se comprometió ayer a que no habrá ningún empleado público que como consecuencia de los ajustes perciba una retribución mensual inferior a 1.000 euros por jornada completa, y a establecer en un tope máximo del 10% la disminución de la jornada laboral y en consecuencia de las retribuciones del personal temporal.

Pero el grueso de la propuesta eran involucraciones políticas y de principios. Así, el Gobierno andaluz se comprometió “al mantenimiento del máximo empleo público posible, en virtud de la aplicación de la normativa básica estatal”.

En la reunión de hoy, la consejera introdujo también una cláusula de revisibilidad de las medidas medidas de ajuste en en materia de personal, que dijo “tienen carácter excepcional y temporal” hasta final del ejercicio de 2013”. En ese momento serán revisados los recortes “siempre que los ingresos de la comunidad autónoma recobren una senda de normalidad y que la reducción del déficit público estructural y la minoración de la deuda pública posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la comunidad”.

Para compensar los entre 25 y 30 millones de euros en los que se calcula el coste de las mejoras introducidas ayer, y para mantener la cuantía total del recorte presupuestario en 777 millones de euros, la Junta apurará más algunas partidas del capítulo 2, en el que Martínez-Aguayo citó específicamente los alquileres.

La consejera insistió en que el alcance total del plan de ajuste no puede ser modificado, ni tampoco el objetivo del 1,5% de déficit porque de estos objetivos “depende el crédito de la comunidad”.

Pese a ser imposible el acuerdo, Martínez-Aguayo agradeció la actitud “responsable” de los sindicatos y reconoció que había un “estrecho margen”.