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Llera buscará alternativas para reanudar la asistencia jurídica a los presos

APDHA valora la "buena predisposición" de la Junta y confía en que el servicio se restituya

Emilio Llera, en el centro, con el representante del Poder Judicial para Andalucía Occidental, Antonio Reinoso, este viernes en Sevilla Ampliar foto
Emilio Llera, en el centro, con el representante del Poder Judicial para Andalucía Occidental, Antonio Reinoso, este viernes en Sevilla

El consejero de Justicia, Emilio Llera, se ha comprometido este viernes a buscar alternativas para que los presos de cárceles andaluzas puedan seguir recibiendo asistencia jurídica si el Ministerio de Interior no prorroga el convenio que hasta ahora amparaba este servicio. El consejero se ha reunido con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que esta semana ha entregado al defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, un millar de firmas de presos que piden la reanudación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (Soajp), que se ofrecía desde 1998 y que está suspendido desde abril porque el Gobierno central no ha firmado la renovación del acuerdo con la Junta y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Fuentes de la consejería explicaron que Llera ha mostrado su “voluntad” de que la asistencia se vuelva a prestar “cuanto antes”. Según estas fuentes, ambas partes van a buscar opciones para que se reanude en el caso de que el Ejecutivo central se desmarque definitivamente. El coordinador del área de cárceles de APDHA, Valentín Aguilar, coincidió con que el encuentro había resultado “positivo” y admitió haber visto “buena predisposición” por parte de la Junta. “Lo importante es que el servicio vuelva lo antes posible y la Junta se ha comprometido a intentarlo”, señaló Aguilera.

La financiación de la asistencia jurídica a los presos, presupuestada en 397.000 euros para 2012, corre a cargo de la Junta. Las cárceles cuentan con un cuerpo de funcionarios juristas que, según Interior, cubre las necesidades de los internos. APDHA, sin embargo, discrepa de este argumento y asegura que el trabajo de los funcionarios es “eminentemente burocrático” y se centra en cuestiones de funcionamiento interno. Los letrados que formaban parte del Soajp, sin embargo, atienden más a necesidades de los presos, como ayudarles a recurrir una sanción o la denegación de un permiso o una visita, además de asuntos no penitenciarios relacionados con la familia o el trabajo.