Con el alma en un hilo

Acuciado por la insolvencia financiera, el Gobierno valenciano decidió meses atrás hacer caja a costa de los recortes que, entre otros capítulos, afectaban al sueldo de los funcionarios, al tiempo que se anunciaba el despido de un alto porcentaje de empleados públicos. Según qué fuentes, este licenciamiento podría afectar a la mitad de los 12.400 trabajadores en plantilla y no menos de 4.500 o 5.000 que, percibiendo 20 días por año trabajado, se sumarían al ejército desarmado de parados que en esta comunidad y según el Ministerio de Empleo ya sumaba en Mayo 573.234 almas en desalentadora expectativa de destino.

Queremos creer que no estaba en el ánimo de los gobernantes convertirse en victimarios y alentar insidiosamente la inquietud entre el personal amenazado con esta drástica medida. Pero ese ha sido el ominoso resultado, pues al margen de los habituales privilegiados que sentían blindados en su curro, la mayoría de este estamento laboral tenía motivos para temer la bola negra, pues era obvio que tampoco la Administración disponía de recursos económicos para aliviar y menos aún sortear esta fatalidad. Solo había que esperar —y a menudo mano sobre mano, lo que ya era todo un presagio— el momento aciago del despido mientras se barruntaba a cuántos afectaría. Hay que haber vivido este tránsito para percibir su demoledor efecto en la autoestima de los predestinados.

Por lo que se va viendo, la autoridad competente en este asunto no se está mostrando muy resolutiva y ello se puede deber a distintas causas. La primera sería el mismo agobio económico que le impediría liquidar los finiquitos por más que estuviese claro qué puestos de trabajo podrían o deberían amortizarse. En segundo lugar, ha de ser monumental la presión ejercida sobre los aludidos responsables para poner a salvo a los individuos patrocinados. Recuérdese que el PP es un partido que ha ejercido el clientelismo con un descaro y desvergüenza como nunca se había conocido por estos pagos. Ahora, romper el nudo gordiano de tanto compromiso requiere una firmeza que está poniendo a prueba el calado político del mismo presidente Alberto Fabra y de su vicepresidente, José Císcar, indiscutidos titulares hoy por hoy del poder partidario.

Por último, no debe descartarse que esta morosidad y dosificación en la liquidación del referido censo laboral responda a un plan previsto para desactivar respuestas airadas y posibles conflictos públicos, como podría acontecer si súbitamente se pone en la calle a miles de trabajadores, acaso con tanto merito y capacidad como los salvados del corte por su condición de recomendados o sindicalmente más protegidos. No obstante, todas las referidas causas son compatibles y han podido ser coincidentes en perjuicio de los damnificados.

Una mención especial requiere el problema de RTVV, decimos de su plantilla, por la severa cirugía que exige su saneamiento. Las cifras que se airean rondan y aún superan los mil despidos, pero poco o nada ha trascendido del diagnóstico que se le encomendó a una empresa consultora, a la que, llegado el caso, se le endilgarán las causas de las imprescindibles amputaciones. Sin embargo, y aun sabiendo cuán desmesurado ha sido el amiguismo y el desmadre en la gestión de este tinglado mediático, tampoco es tolerable el oscurantismo con que se tramita la solución del ente y la suerte o infortunio de tanta gente. Que no son ovejas, o no lo son todos cuantos allí trabajan.