Botella ofrece 200 viviendas municipales para las familias desahuciadas

“Ni tenemos toda la razón, ni pretendemos tenerla siempre, y seguro que nos equivocaremos, pero lo que no se puede poner en duda es nuestro compromiso y dedicación (…) cuando, en el río revuelto de la crisis, algunos aprovechan para subirse a la ola del descrédito de quienes nos dedicamos a la política (…) No desconocemos los problemas ni las dificultades. Me han visto trabajar sobre el terreno y recabar de primera mano las opiniones de los madrileños, (…) y tengo la intención de hacerlo cada día más, (…) porque es en la realidad de la calle donde encontraremos todos los motivos para confiar en un futuro mejor”.

Con esta declaración de principios ha defendido Ana Botella (PP) sus primeros seis meses al frente de la alcaldía de Madrid esta mañana en su primer debate sobre el estado de la ciudad, en el que su principal anuncio ha sido la puesta a disposición de ONG de 200 viviendas de protección a bajo precio para colectivos desfavorecidos como familias desahuciadas o desempleados sin subsidios.

Estas viviendas, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, se pondrán en manos de “entidades y organizaciones dedicadas a la lucha contra la exclusión social” (no ha especificado cuáles) por un “precio social” de alquiler de tres euros por metro cuadrados hasta un máximo de 200 euros. Su función: “Atender principalmente a aquellas personas y familias que, como consecuencia de la crisis, y con procesos de desahucios, han perdido o van a perder sus viviendas”, y en especial a las familias con todos sus miembros en desempleo y personas a su cargo, y personas que hayan agotado todas sus prestaciones de desempleo.

También a pie de calle, pero en otro orden de magnitud, la alcaldesa ha hecho referencia a los más de 2.300 actos que cada año se organizan en la vía pública, “un indicador de nuestra vitalidad” como ciudad pero que no reporta al Ayuntamiento “ni una mínima parte de lo que cuestan los servicios de limpieza, conservación, seguridad o movilidad”.

La alcaldesa ha anunciado que va a solicitar al Gobierno central una reforma de la Ley de Bases de Régimen Social y de la Ley de Haciendas Locales que permita a los ayuntamientos “compensar de una forma justa” esos costes de la ocupación y explotación del espacio público con fines comerciales. “Nada hay más injusto que el que todos los vecinos tengan que sufragar el coste del uso de la ciudad con fines particulares”, ha dicho Botella, un día después de que se conociera que el Athletic de Bilbao deberá pagar 94.000 euros por los destrozos y suciedad ocasionados durante la final de la Copa del Rey, disputada el mes pasado en la capital.

Botella ha avanzado también cambios en la normativa urbanística para agilizar el cambio de uso de los inmuebles y para relajar “la extrema rigidez” que “ha provocado el abandono y la erosión de nuestro patrimonio urbano”. Además, facilitará que se realicen obras en edificios protegidos para su rehabilitación, sobre todo si albergan locales comerciales. Botella ha anunciado para este mes la puesta en marcha de la primera zona franca urbana, en el barrio de Las Letras, donde las empresas culturales estarán exentas de algunos impuestos y tasas municipales.

Y, respecto a la aspiración madrileña para organizar los Juegos Olímpicos de 2020, la alcaldesa ha incidido en el aval del Gobierno central, “que va a declarar la candidatura evento de especial interés”. Esa calificación, asignada por primera vez a un evento deportivo, permitirá a la iniciativa privada desgravarse un porcentaje aún por determinar de sus inversiones en el proyecto.