341 ideas para el avance del idioma

Euskadi contará el próximo mes de julio, una vez lo apruebe el Consejo de Gobierno, con el plan que ha de marcar las medidas de política lingüística que se desarrollarán durante la próxima década (2013-2023). Este Plan de acción para la promoción del euskera, diseñado por la Viceconsejería de Política Lingüística y el Consejo Asesor del Euskera, lleva gestándose desde abril del año pasado para sustituir y mejorar al que estuvo vigente entre 2001 y 2011. “Es una señal de que estamos ganando posiciones en la normalización y el uso del euskera”, tras una década en la que han cambiado “muchísimas cosas” en este ámbito, destaca la viceconsejera, Lurdes Auzmendi.

El texto actual, sobre el que no se prevén modificaciones sustanciales, se encuentra ya colgado en Internet (blog.euskara21.euskadi.net) para que cualquier ciudadano pueda hacer propuestas sobre su contenido hasta el próximo día 24. Ya se han recibido más de una docena de aportaciones, tanto genéricas como otras muy detalladas. Volverá entonces a la comisión Euskera XXI del Consejo Asesor para su remate definitivo y envío al Ejecutivo, que lo aprobará.

La viceconsejería, dependiente de Cultura, prevé que entre en el Parlamento ya en el próximo periodo de sesiones, que arranca en septiembre. ¿Y si se adelanta el final de la legislatura? “De cualquier manera lo vamos a poner en manos del Parlamento” actual o del próximo, responde Auzmendi. “Es un documento de consenso amplísimo y en el Consejo Asesor ya están representadas todas las fuerzas políticas, instituciones, sensibilidades, etcétera”, añade. Con lo que, en aquel caso, “no debería haber ningún problema para que, con las mejoras que la futura Cámara considerase oportunas introducir, se aprobase”, remata.

El plan detalla
250 iniciativas

Con tres objetivos estratégicos (adquisición, uso y desarrollo del idioma), dos líneas transversales para lograrlos (motivación y difusión interna y externa) y 16 ámbitos de trabajo, el plan se marca como norte reducir la distancia entre el conocimiento y el uso del euskera. La última Encuesta Sociolingüística, con datos de 2011 y difundida en marzo pasado, constata que el 32% de los mayores de 16 años son bilingües, pero solo el 20% usa la lengua cooficial tanto o más que el castellano. Para avanzar hacia ese “uso pleno del euskera a todos los niveles”, como cita el documento, se plantean un total de hasta 341 medidas que deberían adoptarse a lo largo de la próxima década.

El plan anterior detallaba 91 líneas generales de actuación. “Ahora hemos descendido más al terreno de lo real”, apunta Ivan Igartua, director de Investigación y Coordinación Lingüística. Tales medidas incluyen desde compromisos que deberían adoptar las Administraciones (“garantizar que los ciudadanos puedan mantener sus relaciones tanto orales como escritas con la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales”, por ejemplo) a otras en el ámbito socioeconómico privado (“expandir los planes de euskera en las empresas”), educativo (“garantizar la presencia del euskera en las ofertas de posgrado”) o que suponen una mayor implicación personal (“lograr la complicidad de ciudadanos, comerciantes y hosteleros para que respondan adecuadamente a la elección de idioma de cada ciudadano y cuiden el paisaje lingüístico”).

“Es un texto de amplísimo consenso”, dice la viceconsejera Lurdes Auzmendi

El abánico de medidas resulta de lo más variado, siempre sin pasar de lo puramente enunciativo o propositivo. Igartua reconoce el riesgo de que se quede en “un catálogo de buenos deseos, pero lo que se ofrece es un marco”, pistas para que las Administraciones las desarrollen y traduzcan luego en sus propios planes de actuación anuales o plurianuales. “No podemos concretar más en detalle, porque iríamos condicionando toda una serie más de iniciativas”, defiende Auzmendi.

El apartado concreto en que más medidas se plantean (un total de 39) es el de la Administración. El texto en su formulación y los responsables de Política Lingüística en sus palabras asumen el trabajo que resta y la urgencia de la demanda para garantizar los derechos de los euskaldunes en sus relaciones con Osakidetza, la Ertzaintza o la Justicia. “Hay que redoblar esfuerzos para responder de forma más apropiada a la elección del ciudadano en esos ámbitos y para garantizar los derechos lingüísticos en todos los ámbitos de las Administraciones”, indica el plan. Así, se plantea “realizar un esfuerzo especial para mejorar la competencia lingüística en euskera” de los trabajadores sanitarios y policiales, citando expresamente, entre otros, los servicios de pediatría, médicos de familia, enfermería o los agentes cuyos puestos exigen una relación directa con los ciudadanos. A ellos se añade “tomar medidas para que los procedimientos judiciales se puedan realizar en euskera” y realizar “los pertinentes cambios legales para que los derechos lingüísticos reconocidos a los ciudadanos en este ámbito sean garantizados”.

Apuesta por redoblar

Un cambio estructural radical con respecto al plan de la pasada década es que se van a definir una serie de indicadores que permitan ir viendo en cada momento, si así se decide, cuál es el nivel de cumplimiento y eficacia del nuevo. “Esto resulta vital y es uno de los mayores errores que se había cometido hasta ahora. Nunca se había evaluado nada”, incide la viceconsejera.

El planteamiento inicial era asociar a cada medida un indicador, pero se reconoció que “hubiera sido absolutamente ingorbernable”, dice Igartua. “Incluso no tendríamos fuentes de información suficientes para alimentar esos indicadores”, añade. Al final se van a vincular a cada una de las líneas generales (un centenar) que engloban las medidas, definiendo cada indicador (“al final, es un número”) en función de algunas de las acciones que se postulan.

La intención es realizar una evaluación inmediata tras la aprobación del plan (en 2013-2014), otra intermedia y una final, de manera que en 10 años se pueda ver hasta qué punto se han ido cumpliendo los objetivos previstos.