Objetivo, desalojar barracas
Las entidades sociales y vecinales de Sant Martí critican que el Ayuntamiento de Barcelona dé prioridad a echar a los inmigrantes de las chabolas
Luces que brillan tenuemente en solares abandonados del barrio barcelonés del Poblenou y en furgonetas en las zonas menos pobladas de Sant Martí —muy cerca de la torre Agbar— son señales visibles de los asentamientos de barracas. Se diseminan por el distrito, junto a un auténtico catálogo de naves abandonadas que se ocupan y desocupan en función de la presión que tengan de la autoridad. En el 22@ de Barcelona, que en realidad llega hasta el barrio del Besòs, hay 30 asentamientos en los que malviven más de 800 personas. La inmensa mayoría, extranjeras: rumanos, senegaleses y también una amplia colonia de galaico-portugueses. El número no deja de crecer desde 2005 pero se ha disparado en los últimos tres años, desde el inicio de la crisis.
Muchos de los solares que se compraron en pleno boom inmobiliario están en situación de abandono porque las promotoras no pueden ejecutar los proyectos. Algunos están vallados. Otros no. En un mes y medio se han producido dos incendios. En uno de ellos murieron cuatro personas —rumanos— y en el último, el pasado fin de semana, la cosa no pasó del susto para las personas que malvivían en el solar.
El Ayuntamiento de Barcelona, de momento, sigue sin tener solución. En una reunión —después de ser aplazada varias veces—entre el alcalde, Xavier Trias, y representantes de entidades y asociaciones que trabajan con los inmigrantes tampoco se vislumbró una salida al problema. Las entidades salieron bastante defraudadas porque esperaban que el consistorio tuviera claro el diagnóstico y, sobre todo, decisiones.
“Nos anuncian que la prioridad hoy por hoy es un plan de choque para que los propietarios de los solares en los que hay barraquismo tomen medidas e insten el desalojo. Y eso creemos que agravará el panorama porque siguen sin dar soluciones de alojamiento y de salida”, explicaba al término del encuentro, Manel Andreu, que representa a una entidad que ayuda al colectivo de segaleses —no bajan de los 400 —refugiados en naves de Sant Martí.
La crítica era compartida por Raúl Martínez, de la asociación Cepaim de inmigrantes: “El plan de choque puede ser contraproducente sino va acompañado de medidas y de una alternativa”. Lo que les preocupa es que se opte por el desalojo puro y duro y que se deje a los afectados en la calle. Cada colectivo es diferente, aunque tiene en común con los demás que viven en barracas o solares. Los utilizan de almacén para su medio de vida: recoger cartones y chatarra.
“No es posible una solución única”, insistía, por su parte, Joaquim Torre, el responsable municipal que coordina las políticas en el problema del barraquismo del 22@. Considera que la prioridad, hoy por hoy, es evitar que ocurra otro accidente y por eso insiste en que ahora lo importante es que los propietarios de los solares denuncien los asentamientos y puedan ser desalojados.
No todos a la vez, aclara. Pero sí los asentamientos que se consideren más peligrosos. Sin especificar cuantos son. No especifica que alternativas tienen para los que puedan ser desalojados, más allá de afirmar que el dispositivo social estará al quite. Y, por contra, volvía a insistir en que descartan la opción de barracones provisionales en solares en desuso. “¿Pues entonces, qué?” , se pregunta el representante de una asociación de senegaleses.
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