La Generalitat pide 400 millones por la privatización de Aguas Ter-Llobregat
Comienza el proceso para ceder la gestión del agua entre los ríos y los depósitos municipales La empresa pública requiere de 128 millones para realizar inversiones a corto plazo
La Generalitat inició ayer el proceso de privatización de la gestión de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la responsable de gestionar el agua desde su captación en las cuencas fluviales hasta llevarla a los depósitos municipales. El Gobierno catalán demanda a la empresa interesada el desembolso inicial de 400 millones de euros y otros 600 millones durante la duración de la concesión, prevista para unos 50 años, según informó Efe.
Esta operación era una de las que tenía pendiente el Ejecutivo autonómico para aliviar sus maltrechas finanzas, que no pueden asumir los 128 millones de inversiones que requiere la ATLL a corto plazo, entre otras cosas para remodelar la planta potabilizadora de Cardedeu (Vallès Oriental) y construir un nuevo depósito en Masquefa (Anoia). Entre junio y julio el estudio de viabilidad de la licitación se someterá a información pública, con el objetivo de adjudicar la gestión durante el mes de diciembre.
En los últimos cuatro ejercicios la empresa ha cerrado con crecientes pérdidas, que ascendieron a 34 millones de euros en 2011. A esos resultados negativos se les añade la abultada deuda bancaria, que el ejercicio pasado alcanzó los 679 millones de euros, y los 104,6 millones de euros adeudados a proveedores comerciales. El Departamento de Territorio admite que los problemas para lograr liquidez en el mercado financiero le han impedido cerrar un proyecto financiero con el que se pretendía equilibrar las cuentas de ATLL en 2021.
Ante el anuncio del proceso de privatización, la plataforma Agua es vida, que agrupa a entidades sindicales, sociales y ecologistas, manifestó su rechazo al considerar que comportará "la degradación de un servicio esencial público". La plataforma señala que en la gestión pública del abastecimiento en alta realizada por la ATLL se han invertido 1.800 millones de euros en la red "que tiene un buen rendimiento", por lo que consideran que la privatización supone un "expolio" para los intereses de los municipios afectados.
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