López intentará un acuerdo mientras recurre al Constitucional los recortes

El Gobierno autorizó formalmente ayer a sus servicios jurídicos la interposición de sendos recursos al Tribunal Constitucional contra siete artículos (en todo o en parte) de los reales decretos por los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó el mayor recorte de la democracia en sanidad y educación. El Gabinete de Patxi López ratificó así ayer en su reunión semanal la presentación de los dos recursos que anunció una vez conocido el contenido de ambos decretos, junto con su negativa a aplicarlos. La razón es que considera “peligrosamente ninguneadas” sus competencias, según recalcó la portavoz, Idoia Mendia, tras el Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo de López agotará, no obstante, todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo. En paralelo a la presentación de los recursos, pedirá que se constituya la comisión bilateral entre ambas Administraciones que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ello alarga hasta nueve meses el plazo máximo para formalizar del todo la demanda ante el máximo intérprete de la Carta Magna. En esta misma situación está ya el primero de los recursos planteados por el Gobierno, contra la prohibición de aportaciones a planes de pensiones de los empleados públicos. Y el Gabinete tiene en preparación una cuarta demanda contra la ampliación de la jornada semanal de los funcionarios a 37,5 horas.

En su comparecencia, Mendia sostuvo que el decreto en materia educativa “ignora las competencias” de las comunidades autónomas, que “aparecen peligrosamente ninguneadas”.

El Ejecutivo actúa contra siete artículos de los dos decretos ley

La portavoz se mostró convencida de que el Gobierno central no recurrirá a la vía judicial para obligar al vasco a aplicar los recortes en Euskadi, máxime cuando este acude al Constitucional con la petición añadida de que se reúna la comisión bilateral.

Lo que el Gabinete autónomo considera vulnerado en concreto es el artículo 16 del Estatuto de Gernika, que considera competencia de la comunidad autónoma “la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades”. Y se conculcaría por la fijación del horario mínimo de clases que deberá impartir el profesorado y la supresión de las sustituciones de docentes en los casos de ausencias inferiores a 10 días lectivos. Esas disposiciones figuran en los artículos 3 y 4 del decreto ley. La discrepancia alcanza también al artículo 6, sobre el que se considera que existe una interferencia en las facultades que el Sistema Universitario Vasco se atribuye al Departamento de Educación. Ese artículo vulneraría incluso el Concierto Económico, en la interpretación del Gabinete, porque obvia el régimen foral al regular cuestiones que atañen a la estabilidad presupuestaria.

En el caso del decreto que establece los recortes en sanidad, el Gobierno rechaza que se imponga “un sistema centralizado”, cuyo resultado es privar a las comunidades autónomas de todo margen de actuación a la hora de decidir quién tiene derecho y quién no a la asistencia médica. Igualmente considera que se “cercena la competencia autonómica” en materia de personal funcionario y que el Gobierno popular invade el ámbito competencial del vasco al reservarse la determinación de las prestaciones que estarán sujetas al copago, atribuirse la regulación de su gestión y la fijación a las comunidades de los plazos para reintegrar las cantidades adelantadas por los pensionistas. Cuestiona también que la Administración central aborde “sin límites” la regulación de desarrollo del decreto.

Estos dos recursos se unen a una larga cadena de actuaciones similares que se inició en 1981 con el presentado contra la LOAPA, hasta sumar más de una treintena. Se interrumpió en 2000, tras el registrado contra la ley de Partidos, porque los Gabinetes siguientes liderados por el PNV decidieron no acudir más al Constitucional al desconfiar de su neutralidad. Si a los recursos se suman los conflictos positivos de competencias la cifra de contenciosos se dobla ampliamente.