La nueva ayuda guipuzcoana contra la pobreza entrará en vigor el 1 de julio

La Diputación de Gipuzkoa anunció ayer que el decreto foral que regulará la concesión de la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) entrará en vigor el próximo 1 de julio. El Departamento de Política Social comunicó que esta nueva prestación, anunciada en abril pasado, está destinada a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía del territorio y a cubrir el “grave vacío que han provocado los recortes sociales aplicados por el Gobierno vasco”.

El Gobierno foral de Bildu ha decidido retrasar un mes la entrada en vigor del decreto —estaba prevista el 1 de junio— para introducir mejoras que planteadas en el “proceso de participación” llevado a cabo con los trabajadores sociales y responsables de Bienestar Social de los Ayuntamientos.

La denominada Ayuda de Garantía de Ingresos establece las mismas condiciones de acceso que contempla la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), a excepción del periodo mínimo de empadronamiento, que en el caso de las ayudas de Gipuzkoa será de seis meses, frente a los tres años que exige el Gobierno vasco para su prestación.

La AGI dará cobertura a una media de 600 personas al año y el importe de la prestación variará entre los 600 y 900 euros al mes, en función del número de miembros de la unidad familiar. El Departamento de Política Social calcula destinará más de 1,4 millones de euros este año, una cifra que superará los cinco millones en 2013.

Mientras, el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide ha abonado 165 millones de euros en sus primeros cinco meses de gestión íntegra de la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda, lo que supone un incremento del 4,5% con respecto al mismo periodo del año pasado.

En un comunicado, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales informó ayer de que el 82,9% de los pagos efectuados corresponde a la RGI y el restante 17,1%, a la prestación de vivienda. Por territorios, el 68,5% de los cobros se realizaron en Bizkaia, mientras que el 16,9% en Gipuzkoa, y el restante 14,5% se concedieron en Álava.

La consejera, Gemma Zabaleta, aseguró que la gestión íntegra de estas prestaciones a través de Lanbide permite “activar a las personas, controlar el fraude y hacerlo dedicando más dinero, atendiendo a más personas y mejorando su atención”.