Cuestión de palabras

España es un país que no piensa en el futuro, quizá porque no confía en él. Lo nuestro es el presente, o, como mucho, aquello que puede resolverse en el corto plazo. Apenas nos esforzamos en proyectar más allá de ese horizonte inmediato, próximo; lo que pueda acontecer después, importa poco. Llegado el momento —nos decimos—, ya se verá cómo salimos de ello. Claro está que nos gustaría parecernos a Finlandia o Alemania, en ciertas cosas, pero sin el esfuerzo que les supuso a finlandeses y alemanes llegar a ese punto. Lo nuestro son los milagros, y quizá eso explique el peso que la Iglesia católica tiene todavía entre nosotros. Todos estamos de acuerdo en que la educación y la investigación son las columnas sobre las que se edifica el futuro de un país. Nuestros propios gobernantes no se cansan de repetirlo. Pero una cosa es lo que el gobernante dice y otra, muy distinta, lo que hace. En cuanto hemos de hacer alguna economía, donde primero metemos la tijera es en educación y en investigación.

Acabamos de verlo en el Parlamento, donde el Gobierno ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado. La investigación perderá la cuarta parte de su presupuesto. ¡La cuarta parte! Ni una sola de las enmiendas que presentó la oposición se ha tenido en cuenta. ¿No hubiera sido razonable, en un asunto tan importante para el futuro del país, buscar el mejor acuerdo? No siempre lo razonable interesa al gobernante, que suele hacer sus cuentas con números distintos. Si no reponemos las vacantes que se producen en los institutos de investigación, ¿qué ocurrirá con sus equipos humanos? ¿Cuánto tiempo necesitará la ciencia española para recuperarse de estas medidas tan extremadas? Es difícil encontrar diferencias de fondo entre la conducta de quienes nos gobiernan y la de esos codiciosos banqueros que nos han arruinado: sólo en el beneficio a corto plazo.

No son diferentes las cosas en la Comunidad Valenciana, donde hemos visto cómo se comporta el Gobierno de Alberto Fabra con la investigación. ¿Considera importante la investigación el Gobierno de Alberto Fabra? Sin la menor duda. Basta escuchar al consejero de Sanidad, quien afirma que “la investigación y la innovación son las claves para mantener la calidad de la asistencia sanitaria”. El problema es que esa estima no se manifiesta en la práctica. Sin aplicarles el artificio de la retórica, las medidas tomadas en el Centro Príncipe Felipe o en el Instituto de Investigaciones Agrarias deben hablar con la claridad de las cifras. Nos permitimos regalar millones de euros a un excéntrico arquitecto, pero estamos obligados a ahorrarlos en un centro de investigación. Esa es la ley de la política en la Comunidad Valenciana.

En este panorama, ¿qué sentido tiene la concesión de los premios Rey Jaime I, que se producirá la próxima semana? ¿Es coherente premiar la investigación que se hace en España, cuando el Gobierno acaba de recortar su presupuesto en un 25 por ciento? Santiago Grisolía se ha apresurado a tranquilizarnos, con la promesa de que el jurado de los premios reclamará el apoyo para la ciencia española. Que me perdone Grisolía, pero la medida resulta excesivamente tibia para los tiempos que corren. No es eso lo que los científicos reclaman. Me temo, además, que la ceremonia resonará más alta que las palabras de la declaración. En cualquier caso, no son palabras lo que la ciencia reclama en este momento. Si los problemas de la investigación pudieran solucionarse con palabras, nos bastarían las del consejero de Sanidad.