Privatización

En Chiclana de la Frontera, al sur de la Bahía de Cádiz, sobre la desembocadura del río Iro, han contado 15.007 casas construidas al margen de lo que disponen las normas vigentes. Son muchas casas para un pueblo de 80.000 habitantes, y no se trata de casas aisladas, diseminadas y difuminadas por el campo: la mayoría “se encuentran en asentamientos urbanísticos”, como ha reconocido el concejal Andrés Núñez, encargado del urbanismo hasta la semana pasada, del PP. Pero no son estas casas una excrecencia monstruosa y excepcional, sino un monumento al modo de vivir en la región. No son asentamientos nacidos de la decrepitud económica. Son un fruto característico del clima de esplendor económico de hace unos años.

Entonces florecía la construcción como rama del negocio hipotecario y, si la euforia constructora quería prescindir de las trabas legales, contaba con la pasividad diligente de los Ayuntamientos, de las Diputaciones, de la Junta de Andalucía. Chiclana es un municipio sintomático: ha disfrutado largos años de gobierno municipal socialista, y más largos de gobierno socialista en la Diputación de Cádiz, y aún más largos de gobierno socialista en la Junta. Han sido tiempos de esplendor económico incluso para las transacciones sumergidas, lo que algunos llaman corrupción como sistema ecológico, esa mezcla magistral de dejadez e hiperactividad política, trama de cargos públicos, negociantes, arquitectos, abogados, promotores, albañiles y otros oficios varios.

En enero de este año la Junta vislumbró por decreto la legalización de las casas clandestinas de Chiclana y de 200.000 más en toda la región. Usaba expresiones como “reconocimiento” o “asimilación fuera de ordenamiento”, palabras inseguras, movedizas, dúctiles, pero dejaba claro desde el preámbulo del Decreto 2/2012 que “la regularización no puede suponer coste alguno para la Administración”, y que, de acuerdo con las leyes, los costes de urbanización e infraestructuras “deben ser soportados por las personas titulares de los terrenos”. En Chiclana, sin embargo, se ha ido produciendo con el tiempo una doble urbanización, salvaje y municipal. Los vecinos han recurrido a fosas sépticas o a viejos caminos, pero también la costumbre ha ido normalizando lo anormal, asimilando algunas de estas casas al alcantarillado, el asfaltado, los servicios generales del pueblo.

Ahora en Chiclana gobierna el PP en coalición con el Partido Vecinal Regional, representante de los intereses de los dueños de casas en urbanizaciones ilegales, y la concejal María Soledad Ayala, del PVRE, se encargará del urbanismo y de las obras municipales. Para quien ve la situación desde el exterior, esto es muy raro. Es llamativo porque los dueños de las casas se resisten a pagar los gastos de urbanización, es decir, a cumplir las normas, y ahora su representante asume la responsabilidad de hacer cumplir las normas. Alguna lógica debe de tener esta extravagancia.

El desdén hacia lo público es notable en España, aunque, en realidad, hasta la enseñanza privada sea pública, con tanto colegio concertado, es decir, pagado con fondos públicos. Y el PP es un fanático de las privatizaciones, acérrimo partidario de que todo lo público se convierta en privado, partiendo de lo más elemental, el agua, por ejemplo, o, quién sabe, el aire, si algún ideólogo se atreve pronto a defender la privatización del aire, más puro y más rentable en manos empresariales. Pero, poco dogmático, en caso de necesidad no se niega a la estatalización de empresas en bancarrota. Nadie, empezando por los plutócratas nacionales, desprecia los fondos públicos, y ahora, en Chiclana, quizá el dinero público acabe pagando los gastos obligatorios de los constructores furtivos de casas privadas. Los incondicionales de privatizarlo todo pueden llamarle a esto privatización de los fondos públicos.