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Ecologistas y vecinos buscan que la UE visite las plantas de residuos

Arranca la recogida de firmas para pedir ayuda a Bruselas

Alicante -

La campaña ha empezado en Alicante, pero se está trabajando para extenderla por distintos puntos de la Comunidad Valenciana. Ecologistas, vecinos y distintas plataformas cívicas se están organizando para lograr que el Parlamento Europeo envíe una delegación como la que revisó sobre el terreno el urbanismo salvaje a raíz de las denuncias llegadas desde la Comunidad Valenciana, pero que en este caso analice la gestión autonómica de residuos. Ayer se recogieron firmas en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, donde decenas de vecinos, representantes ecologistas y sindicales, así como de EU y del PSPV-PSOE protestaron por la intención del equipo que preside Sonia Castedo, del PP, de reabrir la planta de basura de Fontcalent a residuos de otras zonas.

“En los próximos meses trataremos de visualizar el malestar ciudadanos de diferentes plataformas por el tema de los residuos, y elevar las quejas al Parlamento Europeo para que tome cartas en el asunto. Muchas de estas plantas tienen fondos europeos y deberían cumplir determinadas cuestiones que no se cumplen”, explicó el portavoz de Ecologistas en Acción del País Valenciano en Alicante, Carlos Arribas. Los fondos europeos, concretamente, obligan al reciclaje de una parte de los residuos, y ecologistas y vecinos denuncian el incumplimiento de esa obligación. La intención es recoger firmas en las zonas donde hay quejas por los olores o los vertidos. Alicante, Xixona o El Campello son algunos municipios donde ha habido quejas, pero también se pretende recoger firmas en localidades donde hay un proyecto de planta, como ocurre en Llanera de Ranes o en Guadassuar.

 Acuerdo plenario roto

En la concentración de ayer en la plaza del Ayuntamiento de Alicante se criticó que el equipo de gobierno decidiera romper el acuerdo plenario logrado en 29 de junio de 2010 con el apoyo de todos los grupos políticos para prohibir la entrada a basura externa. Este acuerdo se logró a raíz de la oposición política y ciudadana que el Consistorio encontró, pero la crisis y la necesidad de ingresos sirve ahora de argumento para dejar este acuerdo en papel mojado.

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