El Ejecutivo de coalición mantiene la ratio en las aulas

Tras algunos titubeos, el Gobierno de José Antonio Griñán ha decidido no aplicar una de las medidas más polémicas que ha aprobado el Ejecutivo del PP en materia educativa: la ampliación de la ratio de alumnos en las aulas de primaria y secundaria. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, reveló ayer, durante la presentación del plan de ajuste que Andalucía llevará mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que contempla una reducción del gasto de 2.500 millones de euros, que el Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida ha decidido no aplicar en Andalucía esta medida que ha encendido los ánimos de la comunidad educativa. El objetivo, según Martínez Aguayo, es “preservar el sistema educativo”.

De esta manera, Andalucía mantendrá las ratios en los colegios e institutos que se sostienen con fondos públicos. Las clases de los colegios tendrán un tope de 25 alumnos (excepcionalmente 28) y en secundaria habrá 30 (33 como excepción). Los sindicatos CC OO, UGT, Csif y Ustea saludaron la decisión del Gobierno autónomo.

En su comparecencia, Martínez Aguayo también anunció que finalmente Andalucía va a recurrir ante el Tribunal Constitucional tanto la ampliación de la jornada lectiva de los docentes como el decreto de medidas urgentes en materia sanitaria motivo que esgrime Andalucía, al igual que otras comunidades que van a emprender el mismo camino, como el País Vasco, es la invasión de las competencias autonómicas por parte del Gobierno central. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están dando los últimos retoques para elevar los recursos al alto tribunal.

En el ámbito educativo, el plan de ajuste que presentó ayer Martínez Aguayo también afecta a las universidades públicas, donde el objetivo es ahorrar 130 millones de euros. Los centros de educación superior tendrán que establecer controles trimestrales sobre sus ingresos y gastos para evitar desviaciones presupuestarias; incorporar planes de contingencia para el control del déficit; nuevos plazos para la reposición de equipamiento científico y tecnológico.

La aplicación del decreto aprobado por el Gobierno central en materia educativa también implica un recorte en las universidades públicas. Así, el plan aprobado por la Junta contempla una disminución del gasto en personal docente e investigador como consecuencia del incremento de la jornada laboral y por la reducción de grados de doctorado, másteres y doctorados con baja demanda de alumnos.

Respecto al decreto ley de medidas sanitarias aprobado, la Junta cifra en 190 millones de euros el ahorro previsto por las nuevas fórmulas de copago. De ellos, 166 millones provendrán del sistema establecido por el Gobierno de Rajoy que vincula el copago farmacéutico a la renta del usuario y establece el fin de la gratuidad de los medicamentos para los pensionistas. Los otros 24 millones prevé ahorrarlos el Gobierno andaluz mediante el copago introducido por el Ministerio de Sanidad para la cartera de servicios suplementaria, en la que el Ejecutivo central ha incluido las ambulancias no urgentes, las prótesis y los dietoterápicos. Con todo, la Junta está pendiente del desarrollo reglamentario del decreto ley para ver el margen de maniobra que tiene para aplicar o no este nuevo copago, al que el Gobierno andaluz se opone. Asimismo, ese desarrollo de la norma podrá suponer “ahorros adicionales” en el gasto sanitario, según recoge el plan de ajuste presentado ayer. El documento cifra también en 100 millones de euros el ahorro anual proveniente de las plataformas provinciales de compras sanitarias centralizadas, si bien esta estimación ya se conocía cuando se hizo el proyecto de presupuestos.