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El Ejecutivo de coalición mantiene la ratio en las aulas

La Junta recurre al Constitucional las medidas sanitarias y educativas del Gobierno de Rajoy. Aumenta el control sobre el gasto en las universidades

Carmen Martínez Aguayo y Miguel Ángel Vázquez, durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.
Carmen Martínez Aguayo y Miguel Ángel Vázquez, durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

Tras algunos titubeos, el Gobierno de José Antonio Griñán ha decidido no aplicar una de las medidas más polémicas que ha aprobado el Ejecutivo del PP en materia educativa: la ampliación de la ratio de alumnos en las aulas de primaria y secundaria. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, reveló ayer, durante la presentación del plan de ajuste que Andalucía llevará mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que contempla una reducción del gasto de 2.500 millones de euros, que el Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida ha decidido no aplicar en Andalucía esta medida que ha encendido los ánimos de la comunidad educativa. El objetivo, según Martínez Aguayo, es “preservar el sistema educativo”.

De esta manera, Andalucía mantendrá las ratios en los colegios e institutos que se sostienen con fondos públicos. Las clases de los colegios tendrán un tope de 25 alumnos (excepcionalmente 28) y en secundaria habrá 30 (33 como excepción). Los sindicatos CC OO, UGT, Csif y Ustea saludaron la decisión del Gobierno autónomo.

En su comparecencia, Martínez Aguayo también anunció que finalmente Andalucía va a recurrir ante el Tribunal Constitucional tanto la ampliación de la jornada lectiva de los docentes como el decreto de medidas urgentes en materia sanitaria motivo que esgrime Andalucía, al igual que otras comunidades que van a emprender el mismo camino, como el País Vasco, es la invasión de las competencias autonómicas por parte del Gobierno central. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están dando los últimos retoques para elevar los recursos al alto tribunal.

En el ámbito educativo, el plan de ajuste que presentó ayer Martínez Aguayo también afecta a las universidades públicas, donde el objetivo es ahorrar 130 millones de euros. Los centros de educación superior tendrán que establecer controles trimestrales sobre sus ingresos y gastos para evitar desviaciones presupuestarias; incorporar planes de contingencia para el control del déficit; nuevos plazos para la reposición de equipamiento científico y tecnológico.

La aplicación del decreto aprobado por el Gobierno central en materia educativa también implica un recorte en las universidades públicas. Así, el plan aprobado por la Junta contempla una disminución del gasto en personal docente e investigador como consecuencia del incremento de la jornada laboral y por la reducción de grados de doctorado, másteres y doctorados con baja demanda de alumnos.

Respecto al decreto ley de medidas sanitarias aprobado, la Junta cifra en 190 millones de euros el ahorro previsto por las nuevas fórmulas de copago. De ellos, 166 millones provendrán del sistema establecido por el Gobierno de Rajoy que vincula el copago farmacéutico a la renta del usuario y establece el fin de la gratuidad de los medicamentos para los pensionistas. Los otros 24 millones prevé ahorrarlos el Gobierno andaluz mediante el copago introducido por el Ministerio de Sanidad para la cartera de servicios suplementaria, en la que el Ejecutivo central ha incluido las ambulancias no urgentes, las prótesis y los dietoterápicos. Con todo, la Junta está pendiente del desarrollo reglamentario del decreto ley para ver el margen de maniobra que tiene para aplicar o no este nuevo copago, al que el Gobierno andaluz se opone. Asimismo, ese desarrollo de la norma podrá suponer “ahorros adicionales” en el gasto sanitario, según recoge el plan de ajuste presentado ayer. El documento cifra también en 100 millones de euros el ahorro anual proveniente de las plataformas provinciales de compras sanitarias centralizadas, si bien esta estimación ya se conocía cuando se hizo el proyecto de presupuestos.

 

Arenas habla de “recortazo”

EL PAÍS, Málaga

El líder del PP andaluz, Javier Arenas, calificó de “recortazo” las medidas de ajuste establecidas por la Junta de Andalucía (PSOE-IU) para cumplir con el compromiso de déficit obligado por el Gobierno central, del PP. El plan autonómico para reducir el presupuesto en 2.500 millones de euros es, según Arenas, la “agenda oculta del bipartito”.

El dirigente del partido de la oposición en Andalucía, que mantuvo una reunión con su grupo parlamentario en Ronda (Málaga), acusó al PSOE de “seguir presionando a los funcionarios”. “No se cansan de tomar medidas contra estos trabajadores, parece que están obsesionados con ellos”, afirmó.

El líder del PP andaluz criticó que Andalucía sea la comunidad autónoma “donde se pagan más impuestos y la que menos inversión extranjera recibe”.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, también del PP, se mostró cauta ante los planes de la Junta. “Hay que esperar un análisis detallado para ver si el plan es creíble, realista y cumple con los objetivos”, afirmó Crespo, quien culpó al Gobierno andaluz de la situación por haber incumplido el objetivo de déficit.

Sobre el anuncio del recurso ante el Tribunal Constitucional contra el aumento de la jornada lectiva del profesorado, la delegada ha dicho que respeta el derecho de la Junta a ese recurso, pero no lo comparte. En relación con el copago de las recetas, Crespo ha recordado que “los españoles ya venían pagando parte de sus recetas farmacéuticas y que lo que ha hecho el Gobierno es reorganizar los tramos para que aporten más los que más tienen”.