La Cámara sanciona la responsabilidad política de ex altos cargos del PNV

Socialistas, PP, Aralar, EA, Ezker Anitza y UPyD han dejado completamente solo al PNV en la oposición en el pleno de la Cámara, que ha aprobado esta mañana el dictamen de la comisión de investigación del caso De Miguel. La investigación de extendió a las presuntas irregularidades en contratos del sector público con empresas vinculadas a varios exdirigentes del PNV, el supuesto espionaje por parte de dos ertzainas a políticos y personalidades alavesas (el conocido como caso Tellería), una recalificación de terrenos en Zambrana y operaciones de compra de suelo desde la sociedad Sprilur, dependiente de Industria.

El dictamen pone fin a un trabajo en el que se han recabado en torno a cien documentos, se han desarrollado 56 comparecencias y 40 sesiones de trabajo en 18 meses, desde que a finales de 2010 la comisión echase a andar.

La investigación concluye la existencia de responsabilidades políticas de ex altos cargos penuvistas como Xabier Sánchez Robles, Gurutz Larrañaga, Julián Sánchez Alegria, Alfonso Arriola y Antón Zubiaurre. Junto a ello, hace recomendaciones para que el Gobierno y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas extremen las medidas de control para que casos como este no puedan volver a ocurrir.

Igualmente plantea a la Oficina de Control Económico del Ejecutivo que verifique si los trabajos contratados se realizan, que no se fraccionen contratos, que la Ertzaintza introduzca criterios objetivos a la hora de introducir en su unidad antiterrorista y de información a agentes y que se establezca un procedimiento para la compra de suelo en Sprilur. También propone iniciar las acciones legales necesarias para recuperar el dinero de los contratos que no se realizaron.

El PNV critica

Y todo ello pese a las “muchas interferencias, muchos intentos de boicot” que ha sufrido la comisión, en palabras del portavoz del PP en este foro, Carmelo Barrio, que ha calificado las conclusiones como "claras y prudentes". El texto deja finalmente fuera el nombre de la exconsejera de Industria Ana Aguirre, inicialmente apuntada como responsable política de algunas de las irregularidades.

El PNV se ha quedado solo en la votación de su dictamen alternativo y en la mayoría de las 173 enmiendas parciales que habían presentado. Algunas han sido apoyadas por Aralar y EA, pero no han sido salido adelante por los votos en contra de socialistas y populares.

“Valoraciones especulativas y no basadas en pruebas” ven los peneuvistas en el dictamen aprobado. Su parlamentaria María Eugenia Arrizabalaga ha criticado la indefensión de las personas vinculadas al caso, ha denunciado la existencia de un “juicio paralelo” y ha censurado que el presidente de la comisión, Juanjo Agirrezabala, de EA, se haya reunido en varias ocasiones con el fiscal de Álava, Josu Izaguirre, lo que a su juicio muestra la “nula imparcialidad y ecuanimidad de la comisión”. “El fiscal no es juez, es acusación”, ha criticado. A los socialistas les ha lanzado un mensaje de advertencia: el Tribunal de Cuentas ya ha constatado numerosas irregularidades en su gestión de Osatek.

El presidente de la comisión cree que el dictamen servirá para “prestigiar la política”

El portavoz del PSE en la comisión, Óscar Rodríguez, ha pedido al PNV que se sumase al acuerdo. “No vemos las pegas que puede tener nadie a la hora de determinar responsabilidades políticas por el mal uso de unos recursos públicos”, tras recordar que los peneuvistas asumieron una parte del dictamen de la comisión del caso Balenciaga y que los socialistas hicieron lo propio cuando se investigó la OPE de Osakidetza en la Cámara.

Agirrezabala, quien ha recibido los elogios de varios grupos por su trabajo, ha puesto en valor el dictamen porque “va a servir para prestigiar la política” al enviar un mensaje a la ciudadanía. “La corrupción puede ser evaluada por una vía no judicial pero igualmente válida”, ha apuntado en este mismo sentido Barrio.

Mikel Basabe, de Aralar, se ha mostrado crítico porque “el Parlamento ha fallado en garantizar los derechos de las personas que han pasado por la comisión” y ha recordado: “No hemos sido capaces de garantizar el secreto” de las sesiones. A su entender, la Cámara, en sus trabajos para analizar unas supuestas irregularidades que sigue investigando un juzgado de Vitoria, y suman ya 18 imputados, “ha cometido un delito y desde eso es muy grave”.

A raíz de las filtraciones en los trabajos de esta comisión, se modificó el Reglamento del Parlamento para que las comisiones de investigación dejen de ser secretas.