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sábado, 15 de mayo de 2010

El 'caso De Miguel' salpica a Ibarretxe

El sumario sobre la supuesta red de corrupción incorpora como imputados a dos altos cargos del tripartito - La sociedad Kataia y Miñano, epicentros de la trama

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La red de supuesta corrupción en Álava salpica al Gobierno Ibarretxe. La apertura, ayer, del sumario del denominado caso De Miguel alcanza también a dos altos representantes del tripartito, imputados al igual que varios cargos de la Diputación y del PNV de Álava y de algunos de sus familiares. Según las primeras conclusiones conocidas en la resolución judicial, la sociedad mercantil Kataia, cuya titularidad es compartida por esposas de dirigentes jeltzales, y el parque tecnológico de Miñano (Álava) se confirman como los principales ejes sobre los que pivotan las supuestas corruptelas investigadas hasta ahora. Estas nuevas revelaciones prolongan el estado de ansiedad del PNV ya que de manera especial cuestionan la legalidad de numerosas actuaciones económicas de varios de sus afiliados en Álava.

El juez Roberto Ramos levantó el secreto del sumario apenas 48 horas antes del límite de dos meses que él mismo se fijó para presentar las investigaciones, que inició el Fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre. Lo hizo mediante la presentación de 19 tomos, que contenían 4.772 folios y que las partes personadas en el caso deberán cotejar a partir del próximo lunes ya que no se facilitó copia alguna.

Con todo, una vez depurado el incesante baile de nombres sobre supuestos imputados, propagado frenética e intencionadamente tras levantarse el sumario, se confirmó primero en fuentes jurídicas la relación con la trama de Julián Sánchez Alegría, ex responsable de la red de Parques Tecnológicos en el Gobierno Ibarretxe, y de la técnico de este área Miren Lourdes Bilbao. Horas después, varias agencias de información difundieron la imputación también de Gurutz Larrañaga, ex viceconsejero de Cultura del tripartito. Así, se elevaba a once la cifra de imputados de momento en el caso De Miguel, cuya investigación sigue abierta por la complejidad de los documentos incautados.

Las pesquisas judiciales descubren un cruce de intereses políticos y económicos donde se han visto favorecidas varias empresas cuyos titulares son varios de los once imputados y de una manera evidente los matrimonios titulares de la sociedad Kataia y empresas del constructor vizcaíno Iñaki Etxaburu. La complejidad de estas interrelaciones entre este amplio grupo - todos afiliados del PNV - llega a tal extremo que el número de delitos se ha ampliado. Así, mientras las imputaciones a las ocho primeras personas detenidas en sus domicilios de Vitoria el pasado 17 de marzo se referían a cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, los delitos que definitivamente se les atribuyen al grupo de once implicados incluyen también casos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y alteración de precios en concursos y subastas públicas.

En fuentes de la investigación se siguen dos grandes líneas de trabajo sobre la amplia gama de actuaciones de los diversos componentes de esta trama. De un lado, desde la sociedad Kataia (ver cuadro en esta página) se había establecido una vía de contacto preferente con la red de Parques Tecnológicos que controlaba el alavés Sánchez Alegría, una persona muy relacionada tanto con Alfonso Arriola, del que era jefe, como con Alfredo de Miguel, en este caso habida cuenta de su condición de significado miembro del ABB y teniente de diputado general de Álava, cargo del que dimitió tras estallar el escándalo.

A su puesto desde 2005 en el organigrama del Departamento de Industria, en manos de la jeltzale Ana Aguirre, Sánchez Alegría unía su cargo de vicepresidente de Sprilur y responsable de la Unidad de Infraestructuras de la SPRI. Lógicamente, este doble control le permitía un dominio absoluto de situación sobre la creación de nuevas empresas y la disponibilidad de terrenos para su consiguiente instalación.

La capacidad de decisión sobre el parque tecnológico de Miñano (Álava) de estos dos cargos de máxima confianza del Gobierno nacionalista abrió la puerta a numerosas transacciones mercantiles, según confirman los numerosos datos bancarios que obran en poder de la investigación y que pasan por la sociedad Kataia.

Por otra parte, una segunda línea de conexión entre los imputados y algunas instituciones públicas, siempre en manos del PNV, alcanza al empresario vizcaíno Iñaki Etxaburu. Este constructor, después de probar suerte sin demasiado éxito en Vizcaya, hizo valer su condición de afiliado jeltzale y de sus relaciones con destacados burukides para franquear sin demasiada dificultad la puerta del Gobierno vasco, primero, y de los parques tecnológicos después, aunque con dos empresas diferentes.

Como muestra palmaria de esta posición tan favorable de- Sociedad Kataia. Esta firma, con sede en una sociedad gastronómica de Vitoria, tiene como administradoras a Araceli Bajo, Iratxe Gaztelu Urrutia y Ainhoa Bilbao, tres de los once imputados. Estas tres mujeres son esposas del ex concejal y procurador en Juntas Aitor Telleria, del ex director del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación de Álava, Koldo Otxandiano, y el ex teniente de diputado general y vicepresidente segundo de Vital Kutxa Alfredo de Miguel, dirigente del ABB.

- Parques Tecnológicos. Junto a ellos, el 17 de marzo fue detenido y puesto en libertad provisional como imputado Alfonso Arriola, ex director del Parque Tecnológico de Álava y entonces asesor del Tribunal Vasco de Cuentas, hasta que presentó su dimisión días después de abandonar los juzgados. Ayer, al levantarse el sumario, se unieron en calidad de imputados el ex presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría, y una técnico del Parque Tecnológico de Miñano (Álava), Miren Lourdes Bilbao.

.Etxaburu con la Administración vasca, existe abundante información, remitida también al Parlamento vasco, habida cuenta de los numerosos trabajos que se le otorgaron. Así, el Departamento de Interior, dirigido por Javier Balza, le fue asignando más de 40 contratos desde marzo de 2004 a febrero de 2007 a la empresa Construcciones Loizate, de su propiedad. Incluso, hasta en dos ocasiones el propio consejero Balza figura como órgano contratante de sendos encargos de reformas en comisarías a esta firma de Etxaburu por un importe conjunto superior a los 1,6 millones de euros.

A estas adjudicaciones se unen las realizadas por el Departamento de Educación, en manos de Tontxu Campos (EA). Para su acceso a esta consejería, Etxaburu pudo exhibir su amistad y relación comercial con Claudio María Saizar Bengoetxea, un empresario que fue director de gabinete de Inaxio Oliveri, consejero de Educación durante los gobiernos nacionalistas.

A pesar de estas adjudicaciones que superan los 6 millones de euros en el plazo inferior a tres años, Construcciones Loizate presentó su liquidación en 2009 y entró en situación concursal antes de su actual fase de liquidación.

Una vez abandona su línea de negocio con Lakua, Etxaburu probó suerte con otra empresa de su propiedad (Urbanorama Consulting) para ensanchar su campo de actuación con administraciones nacionalistas. Así inició su relación con la red de Parques Tecnológicos, favorecida por su amistad con Tellería y Arriola. En una respuesta a Carmelo Barrrio, parlamentario del PP vasco, se confirman varios de los contratos conseguidos por Urbanorama, que firmó Sánchez Alegría como apoderado del Parque de Miñano. Uno de ellos, en calidad de prestación de servicios, establecía que la cantidad máxima a abonar por parte del parque era de 600.000 euros, aunque la cantidad finalmente pagada fue de 471.043 euros.

En este contrato por parte de Urbanorama firmó Ainhoa Alberdi, con poderes en la empresa, otorgados ante un notario de Bilbao en octubre de 2006. Cabe recordar que en medios judiciales se llegó a atribuir el origen de la investigación de esta red a una llamada que Alberdi pudo realizar al fiscal Izaguirre, denunciando la petición de una comisión.

Finalmente, la técnico Miren Lourdes Bilbao ha desarrollado su labor siempre próxima a Sánchez Alegría. En la actualidad mantiene su puesto de trabajo en la red de Parques Tecnológicos, pero se encuentra de baja maternal.

Una indemnización de 128.692 euros

Julián Sánchez Alegría fue uno de los dos altos cargos de las sociedades públicas dependientes de Industria- el otro, Juan José Duque- que recibieron la indemnización más alta cuando se produjo el cambio de Gobierno vasco. El ahora imputado en el

caso De Miguel

recibió un talón de 128.692,45 euros, en su condición de presidente de la red de Parques Tecnológicos, según consta en la información facilitada en el Parlamento vasco a Carlos Urquijo (PP). A su vez, Juan José Duque, después de 20 años en cargos públicos, recibió 284.887,72 euros al abandonar la SPRI.

En sus años de servicios al Gobierno vasco en manos del PNV, partido al que pertenece, la figura de Sánchez Alegría cobró un significativo peso cuando los instrumentos relativos al suelo industrial y a los parques tecnológicos fueron encuadrados dentro de una nueva área de Infraestructuras de la SPRI con rango de subdirección general.

Tras su salida del Gobierno vasco, Sánchez Alegría no tardó mucho tiempo en encontrar trabajo. OWL Genomics, empresa líder en metabolómica aplicada al desarrollo de biomarcadores para el diagnóstico de enfermedades de gran prevalencia y con sede en el Parque Tecnológico de Vizcaya, le ofreció el cargo de consejero delegado.

Según información de esta compañía, Sánchez Alegría, licenciado en Derecho y MBA, es profesor del Master Internacional en Gestión Integral de Parques Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Málaga.

Su fichaje se debió a "la gran experiencia de gestión de Julián (Sánchez Alegría) en entornos de innovación así como su visión estratégica y capacidad de liderazgo", según reconoció Enrique Castellón, socio de referencia de OWL.

Julián Sánchez Alegría, durante un acto en el Parque Tecnológico de Miramón en 2006. / JAVIER HERNÁNDEZ

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