Agirre quiere ahora personarse en la causa

El PNV sufrió ayer una nueva conmoción al conocerse las tres nuevas imputaciones decididas por el juez Roberto Ramos en la instrucción del caso De Miguel. Alfredo de Miguel, el diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial en el Gobierno alavés de Xabier Agirre tuvo que dimitir en marzo pasado tras ser detenido, junto a otras siete personas vinculadas a ese partido, acusadas de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Especial desconcierto causó en las filas peneuvistas la imputación de un viceconsejero en los últimos Gobiernos de Juan José Ibarretxe. Se trata de Gurutz Larrañaga, quien permaneció hasta el relevo en el Ejecutivo como segundo de la consejera de Cultura, Miren Azkarate, al frente de la Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes.

Gerenabarrena niega otra vez que el caso tenga relación con el PNV

El PP apunta ya la necesidad de una investigación en el Parlamento

"Lo que se sabe es sólo la punta del iceberg", sospecha Carmelo Barrio

El PSE se atiene a la presunción de inocencia hasta conocer los hechos

La Diputación alavesa, sacudida en lo más alto por el escándalo en marzo, no se personó entonces en la causa, pese a la imputación desde el primer momento de un hombre clave en el Gobierno foral. En cambio, Agirre anunció ayer que la institución sí pedirá ahora personarse en el procedimiento abierto.

La institucion foral quiere de esa manera tener "un conocimiento exhaustivo del contenido del sumario", según indicó en un comunicado difundido ayer. El diputado general mostró a la vez en ese texto su satisfacción por el levantamiento del secreto del sumario decidido por el juez instructor. Tal decisión "permitirá conocer los hechos que se están investigando y poner fin a las especulaciones que hemos vivido durante los dos últimos meses", señaló.

Agirre no parece tener intención de pronunciarse más en público sobre la causa. El mismo comunicado indicaba que el diputado general evaluará la situación una vez que conozca "de primera mano" lo que el juez lleva instruido hasta la fecha. Sólo entonces dará a conocer públicamente, acompañado de los miembros de su Gobierno, tanto su análisis como las decisiones que crea conveniente adoptar.

La misma vía de difundir un comunicado utilizó el presidente alavés del PNV, Iñaki Gerenabarrena. Al igual que a Agirre, el escándalo le obligó a prescindir de uno de sus colaboradores más inmediatos, Aitor Telleria, miembro de su ejecutiva y detenido en marzo como De Miguel, al igual que las esposas de ambos, Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo, respectivamente.

Gerenabarrena volvió a apuntar que el caso no guarda ninguna relación con su partido, al señalar que el levantamiento del secreto de sumario "permitirá acabar con los juicios paralelos", realizados, a su entender, por "determinados medios de comunicación" que han ligado "este asunto con el PNV".

El líder provincial del partido mostró, como Agirre, su satisfacción por el levantamiento del secreto sumarial, tras recordar que su formación ha pedido insistentemente esa medida durante los casi dos meses transcurridos desde la detención de los primeros ocho imputados.

El comunicado de Gerenabarrean apunta además que su ejecutiva "analizará en profundidad los datos que pueda recabar" sobre la causa para "ofrecer una avaloración basada en el conocimiento real y no en la especulación".

Pese a la sorpresa que mostraban distintas fuentes del PNV consultadas por la eventual vinculación de Larrañaga a la trama, lo cierto es que el Departamento de Cultura ya había aparecido relacionado con el caso, por la adjudicación de dos contratos a la sociedad mercantil Kataia Consulting, radicada en la sociedad gastronómica de De Miguel, y constituida por su esposa, la de Tellería e Iratxe Gaztelu, mujer del ex gerente del Instituto Foral de Bienestar Social, Koldo Otxandio. Los contratos, por valor de 12.000 euros cada uno de ellos, se adjudicaron en 2007, recién incluida la firma en el registro de empresas con capacidad para contratar con la Administración.

El PP tiene presentadas un total de 28 preguntas y solicitudes de documentación al Gobierno sobre el objeto de esos y otros contratos entre la Administración vasca y diversas empresas. Los populares tienen también presentadas sendas solicitudes de documentación, por las que el Ejecutivo debe proporcionarles copia de los informes y documentos de asesoramiento realizados por la sociedad mercantil para el Departamento de Cultura e informarle de si existieron otras contrataciones que no se conozcan aún.

"Creemos que lo que se sabe es la punta del iceberg de algo que se va a seguir extendiendo por el conjunto de la comunidad autónoma", mostró ayer a EL PAÍS su convencimiento el parlamentario popular Carmelo Barrio, a la vista de la imputación del ex presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría. "Vamos a ser prudentes y rigurosos, pero también exhaustivos, porque creemos que hay algo muy serio detrás de este tema", añadió.

"El Gobierno actual se tiene que poner las pilas", instó Barrio, ya que el Ejecutivo ha pedido por tres veces una ampliación de plazo para responder a varias de las solicitudes de documentación que este parlamentario ha presentado.

Otras fuentes del PP apuntan ya la posibilidad de que se inste la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento, que se añadiría a la ya en marcha por el caso Margüello, que afecta a los responsables del Departamento de Sanidad en la anterior etapa.

Por su parte, el PSE-EE, que sostiene al Gobierno foral de Xabier Agirre y ha mantenido una medida distancia desde la operación incial de la Ertzaintza, apelando al secreto sumarial y a la presunción de inocencia, se mantuvo ayer en esa posición, aunque celebró el levantamiento del secreto y anunció que realizará una análisis político cuando conozca en detalle los hechos.