El dictamen del 'caso Balenciaga' constata falta de control y exceso de confianza

El dictamen sobre el caso Balenciaga que hoy discute la comisión de investigación del Parlamento vasco dejará sentado, a expensas de las últimas aproximaciones de los grupos, que los responsables institucionales de la sociedad Berroeta Aldamar -Gobierno, Diputación de Guipúzcoa y Ayuntamiento de Getaria- incurrieron en dejación de sus responsabilidades en el control y fiscalización de las actuaciones de su responsable ejecutivo, el ex gerente Mariano Camio. Asimismo, se habría producido un depósito total de confianza en éste que posibilitó un ejercicio desordenado de sus funciones.

El borrador, redactado por la presidenta, Onintza Lasa (EA), a partir de las conclusiones escritas que el viernes le entregó cada grupo -las del PNV ocupan 86 folios- menciona también que hubo falta de profesionalidad, así como un alto grado de opacidad y falta de transparencia en la gestión. El documento que hoy tiene sobre la mesa la comisión consta de 38 folios y sus conclusiones enjuician las responsabilidades concretas de cada una de las instituciones concernidas por el escándalo.

El PNV pretende que la comisión critique también a la fundación

La complejidad de este episodio -mucho mayor que en el caso Guggenheim- y la posibilidad, también mayor, de lograr un consenso más amplio entre los grupos, a juicio de varios de ellos, puede dificultar que la comisión termine hoy mismo su trabajo, aunque ésa es en principio la intención de Lasa.

El PNV no quiere volver a quedarse solo con EB en la votación y parece más predispuesto en este caso a un acuerdo a medio camino, que permita un resultado menos lesivo para el Gobierno. El dictamen volcaría el grueso de la culpa sobre Camio, aunque el PNV tendrá que transigir con alguna dosis de censura a las instituciones gobernadas por él. A cambio, este partido quiere que la comisión realice también un juicio negativo del papel desempeñado por la Fundación Balenciaga, y, dentro de ella, por el Ministerio de Cultura, como patrono institucional que es desde su constitución en 1999.

Éste será uno de primeros caballos de batalla de hoy. El PP, por cuya iniciativa se formó la comisión, sostiene que el acuerdo parlamentario para su constitución sólo habla de la sociedad Berroeta Aldamar. No quieren los populares que se enjuicie el papel del ministerio, que financió íntegramente la Fundación entre 1999 y 2004, justamente bajo el mandato de dos ministras suyas, Esperanza Aguirre y Pilar del Castillo. La posición del PSE será decisiva en esta cuestión.

La comisión dedicó su sesión de ayer a escuchar el testimonio de Rolando Paciel González, el último de los comparecientes tras no acudir por segunda vez el ex subsecretario del Ministerio de Cultura Mariano Zabia. González tuvo un contrato con Berroeta Aldamar desde noviembre de 2005 hasta marzo de 2007, por el que cobró casi 3.000 euros mensuales. Su trabajo es uno de los cuestionados en informes y auditorías como correspondiente al arquitecto autor del proyecto del museo, Julián Argilagos, por lo que se habría pagado por partida doble. Ayer se presentó ante la comisión como encargado de realizar trabajos de museografía, aunque su contrato no tenía nada que ver con ese cometido. González se dedicó los primeros de meses de su contrato -hasta que, al parecer, rompió su relación con Argilagos- a facilitar la interlocución entre la empresa constructora, Eptisa-Cinsa, y el arquitecto cubano, que para entonces ya se había marchado a Miami.

Este abandono de sus obligaciones fue posibilitado por el tercero de sus contratos, de septiembre de 2005. En él se le autorizó a realizar únicamente trabajos de supervisión y se admitió que los llevara a cabo desde Estados Unidos, pero sin reducir por ello los honorarios pactados en 2001 y revisados al alza en julio de 2005 para el conjunto de las tareas concertadas.

La contratación de González, al igual que la de Argilagos, la realizó el mismo Camio, que pensaba encomendarle el diseño de las futuras exposiciones.