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Las facturas pendientes saldrán mucho más caras a los Ayuntamientos

Los municipios denuncian que si el Gobierno no mantiene el tipo de interés prometido podría llevarlos a la quiebra

La prima de riesgo, ese concepto abstracto que ilustra la desconfianza de los prestamistas, le va a pegar un notable bocado a las arcas municipales. Los Ayuntamientos deberán pagar a lo largo de este mes todas sus facturas pendientes, pero a un interés casi un 50% superior de lo que el Gobierno les había hecho creer. Eso provocará, según denuncian los municipios, graves dificultades que incluso podrían llevarlos a la quiebra. En el caso de la capital, el que mayor deuda arrastra, el sobrecoste puede llegar a los 150 millones de euros, según denuncia Izquierda Unida, una cantidad superior al presupuesto anual en actividades culturales o en fomento del empleo, por ejemplo.

En otoño, el anterior Gobierno (PSOE) aprobó un mecanismo para que los ayuntamientos aliviasen sus pagos pendientes a proveedores (las empresas que recogen la basura o riegan los parques, suministran la luz de las farolas o el combustible de los autobuses). Madrid, regida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), tomó prestados 286,5 millones de euros, pero puso el grito en el cielo por las condiciones impuestas por el Ejecutivo socialista: un interés del 6,5% y tres años para devolver el crédito, sin periodo de carencia (plazo durante el que se pagan los intereses pero no se devuelve el dinero prestado).

De esta forma, el Ayuntamiento de Madrid prometió reducir un tercio, de 948 a 661,4 millones de euros, sus facturas pendientes, que por entonces abonaba con nueve meses de retraso (frente a los 30 días reglamentarios). Los intereses de la operación ascendieron a 38 millones de euros.

A principios de marzo, el Gobierno central, en manos ya del Partido Popular, anunció otro mecanismo de pago, más ambicioso aún, para terminar de una vez por todas con las facturas pendientes de los ayuntamientos. En esta ocasión, determinó unas condiciones más flexibles: el préstamo se devolvería en 10 años, con un periodo de carencia de dos, y con un interés que el Ministerio de Hacienda cifró en un 5%.

El Ayuntamiento de Madrid, regido ahora por Ana Botella (PP), aplaudió esta decisión, y se afanó en mostrarse como el alumno más aplicado de la clase ante el Gobierno para dar ejemplo al resto de municipios. Ello, pese a que el pago de facturas pendientes había sido su última prioridad hasta ese momento (no pensaba ponerse a ello al menos hasta 2015), y a que en esos meses había vuelto a las andadas, permitiendo que su deuda comercial volviera a las cifras previas al préstamo de otoño, superándolas incluso.

Así, cuando hubo de rendir cuentas ante el Gobierno (que solicitó a todos los ayuntamientos el desglose exacto de facturas sin abonar, y un plan económico sobre cómo pretendía hacer frente a su pago), presentó 16.712 recibos pendientes por un valor total de 1.017 millones. Esa cantidad (que podría variar ligeramente a la baja cuando se lleve a pleno, el próximo viernes, y a Junta de Gobierno local, el lunes) será la que deba devolver a crédito durante 10 años.

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Se sumará así a la deuda financiera que ya arrastra el Ayuntamiento por las fuertes inversiones de los años de bonanza (soterramiento de la M-30, Madrid Río, Caja Mágica, Palacio de Cibeles). A final de año, Madrid deberá 6.668 millones a bancos y cajas (5.935 millones a final de 2013, y 4.470 millones a final de la legislatura). Estará al día con sus proveedores, pero el periodo medio de pago se mantendrá este año en 180 días (frente a los 250 de 2011), bajará a 90 en 2013, y solo se ajustará a los 30 días reglamentarios a partir de 2014, según estipula el plan de ajuste presentado al Gobierno y aprobado por este.

En ese plan de ajuste municipal, el impacto del préstamo de más de mil millones de euros se calculó con un interés del 5%. Así, el Ayuntamiento debería pagar durante los 10 años de vigencia 344 millones a bancos y cajas en concepto de intereses. Empezará a abonarlos en 2013, año en el que sólo por esta operación debería abonar 50,88 millones a bancos y cajas.

Sin embargo, esos intereses serán mucho mayores de lo inicialmente previsto, hasta un 50%. El Gobierno fijó mediante un Real Decreto publicado el 17 de abril las condiciones generales del préstamo, entre ellos los intereses a cobrar por las entidades financieras: “El equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se añadirá un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos”.

Es decir, el precio de los bonos del Tesoro a 10 años, más 145 puntos básicos. A día de hoy, eso se traduce en un tipo del 581 + 145 = 725. O lo que es lo mismo, en lugar del 5% anunciado por Hacienda, el tipo de interés de la operación podría ascender hasta el 7,25%. Es decir, un 45% superior a lo prometido por el Gobierno. Los intereses en 2013 aumentarían en 22,9 millones de euros. Si ese tipo se mantuviera durante los 10 años de vigencia del préstamo, en lugar de revisarse periódicamente (la fórmula no se ha definido aún), el monto total de intereses a abonar se incrementaría en 154,8 millones, tal y como denuncia Izquierda Unida.

“Las condiciones no tienen nada que ver con las que inicialmente planteó el Ministerio de Hacienda. Eso va a suponer un mayor negocio para los bancos, que compran el dinero al 1% y prestan al 7% sin riesgo alguno, y una carga mucho mayor para los ayuntamientos”, explica el concejal Jorge García Castaño. “El Gobierno va a poner enormes cantidades de dinero público para salvar a la banca y sin embargo cada vez aprieta más la tenaza sobre los ayuntamientos que se ven obligados día tras día a hacer durísimos recortes sociales”, añade.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) instó al Gobierno hace semanas a que mantenga el interés de la operación en el 5%, “ya que una cifra superior pondría en peligro la viabilidad de los Gobiernos locales afectados”. Según denuncia, “pondría en graves dificultades el funcionamiento diario de aquellos ayuntamientos acogidos al plan de pago a proveedores”. Es decir, de todos, puesto que el decreto del Gobierno estipula para aquellos que no lo hagan: “Se habilitará un instrumento para garantizar el pago a los contratistas de las entidades locales que no concierten la operación de endeudamiento prevista en este mecanismo. En este caso, se repercutirá a la entidad local el coste financiero y se aplicarán las medidas correctoras que correspondan”.

La FEMP critica que elevar el tipo de interés sobre el 5% “restringiría la efectividad” del plan, “como ya ocurrió con la anterior línea” de crédito habilitada por el PSOE. Así lo denunció en su momento el Ayuntamiento regido por Gallardón. Botella, sin embargo, permanece callada; nada dijo al respecto en su reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 13 de abril. “No entendemos que no haya tenido una actitud más reivindicativa”, afirma García Castaño.

El coordinador general de Hacienda, Luis Martínez-Sicluna, considera que el Ayuntamiento cuenta con margen suficiente en sus previsiones presupuestarias como para hacer frente a un interés más elevado al previsto en su plan de ajuste, máxime cuando podría compensarse con la bajada de otros tipos de referencia de su deuda financiera como el Euribor. “Más que un colchón, se cuenta con una cama elástica”, ha asegura un responsable conocedor de las finanzas municipales.

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