El Síndic ha recibido desde 2007 más de 5.000 quejas de dependientes

Entre 2007 y 2011, la Sindicatura de Greuges ha recibido 5.607 quejas sobre irregularidades en la tramitación de los expedientes de personas dependientes por parte de la Consejería de Bienestar Social, a la que insta a tomar medidas para resolver el “atasco” en la concesión de estas ayudas. En el apartado específico sobre la Ley de Dependencia del informe de la Sindicatura de 2011, se advierte de la discriminación que supone que “una mayoría aplastante” de los “cuidadores informales” de los dependientes sean mujeres.

Durante el pasado año, el Síndic recibió 1.254 quejas relacionadas con la gestión pública de la Dependencia, una cantidad algo inferior a la de 2010 (1.541) y 2008 (1.864), aunque superior a la de 2009 (948). En conjunto, desde octubre de 2007 y hasta diciembre del pasado ejercicio, la institución conoció de 5.607 quejas relacionadas con las irregularidades en la tramitación de las prestaciones, con una demora que en algunos casos supera los cuatro años.

La Sindicatura incide en que todavía se desconocen los criterios de incoación de estos expedientes, lo que ha generado un sentimiento de “inseguridad jurídica” entre los beneficiarios. Asimismo, teme que estos retrasos no van a poder ser solventados por el nuevo decreto —que modifica la tramitación de las ayudas y reconoce su retroactividad— aprobado en de febrero de 2011 por la consejería y que todavía no ha tenido “resultado alguno”. “Bien es verdad que el atasco que existe no se puede resolver solo con un nuevo decreto, razón por la que la situación de estancamiento aún no ha sido despejada”, añade.

Falta de medidas

El Síndic echa en falta, en los decretos y órdenes del Consell que desarrollan la norma estatal de la Dependencia, medidas que “intenten abordar la discriminación por razón de género” que se produce en el ámbito del cuidado “informal” a estas personas.

La falta de aplicación de las solicitudes de la ley con efectos retroactivos ha motivado muchas de las quejas recibidas en 2011, ejercicio en el que se ha acordado reconocer por primera vez la ayuda desde la fecha de aprobación del programa individual de atención (PIA), pero solo para las resoluciones dictadas a partir de marzo de 2011. La Sindicatura ha valorado esta medida, aunque considera que debería haberse extendido también a las resoluciones dictadas con anterioridad a marzo de 2011, porque no hacerlo supone un “agravio”.