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Desalojados 13 sindicalistas encerrados en la Concejalía de Hacienda

Los delegados sindicales se habían concentrado en el edificio para protestar contra los recortes que supone el Plan de ajuste municipal

Elena G. Sevillano

El encierro de 13 representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid en la Concejalía de Hacienda (Alcalá, 45) ha durado algo menos de ocho horas. La Policía ha desalojado hacia las siete y media de la tarde a los delegados sindicales que se habían concentrado en el edificio para protestar contra los recortes que supone el Plan de ajuste municipal aprobado hace unas semanas por la alcaldesa, Ana Botella.

"Hemos ofrecido asistencia pasiva. Los policías nos han cogido por el brazo y nos han ido llevando fuera del edificio. No han usado la fuerza. Ellos también son trabajadores afectados por los recortes y estaban cumpliendo una orden política", relata Juan Carlos Rodríguez, de UGT, en nombre de los nueve sindicatos que representan a la totalidad de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, unos 27.000. "Es la primera vez que proceden así", añade, y recuerda que otros 11 compañeros suyos continúan encerrados en la azotea del polideportivo de Chamartín, a la que accedieron el domingo por la noche. "Llevamos a cabo una movilización que creemos que podemos hacer. Y nos han echado de la que consideramos nuestra casa, el Ayuntamiento de Madrid", relata. "Es la primera vez en 30 años que un encierro sindical de trabajadores municipales es desalojado", asegura Pedro Delgado, de CCOO. "La conflictividad laboral está aumentando", añade.

Los representantes sindicales estaban convocados este mediodía a una reunión del Consejo Consultivo con la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa. En lugar de sentarse a la mesa, han presentado un comunicado que respaldan los nueve sindicatos en el Consistorio y se han concentrado en otra sala de reuniones. Solo CCOO se ha quedado en la reunión, convocada para explicar precisamente la evolución del Plan de ajuste, pero después se ha sumado al resto de sindicatos. En el escrito muestran su rechazo al Plan de ajuste y a "los recortes sociales". Consideran que la situación del Ayuntamiento de la capital es "desastrosa" desde hace años, con una deuda de 7.000 millones de euros y una deuda con los proveedores de 1.000 millones "que ahora paga a los bancos con intereses abusivos", denuncian. 

Tanto esta protesta como la que se desarrolla en el polideportivo de Chamartín forman parte de una serie de movilizaciones contra los recortes, lo que empieza a denominarse entre los trabajadores municipales el 'botellazo'. Mañana los empleados tienen convocada una asamblea, a la que asistirán vestidos de negro, tal y como llevan varias semanas haciendo como protesta cada viernes. En un comunicado conjunto, los sindicatos afirman que la Dirección General de Relaciones Laborales "cercena" sus derechos al impedir que asistan a la asamblea, convocada a mediodía en el Matadero, por no estar dentro de su horario de trabajo. "Incumple el acuerdo de garantías sindicales", aseguran. El coordinador de Recursos Humanos, Fernando Bermejo, asegura sin embargo que a todos los trabajadores con turno de mañana se les está dando permiso para acudir a la asamblea, convocada entre mediodía y las tres de la tarde.  

Entre otras cosas, los sindicatos critican "la modificación unilateral del convenio colectivo firmado con el Ayuntamiento hace solo tres meses", que elimina el derecho a las ayudas de acción social, los premios por antigüedad y recorta en un 50% los recursos sindicales, según CCOO. Bermejo justifica la modificación del convenio: "Las cosas de entonces acá han cambiado mucho por la situación económica. Hemos optado por mantener el empleo y no tocar el salario". Suprimir la mayoría de ayudas sociales (se mantiene el abono de transporte y las ayudas a discapacitados) y los premios por antigüedad supone un ahorro anual de 22 millones de euros, según sus datos.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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