La fiscalía pide al Tribunal de Cuentas que investigue la gestión en Invercaria

La fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue la gestión de la empresa pública de la Junta Invercaria para aclarar sus gastos y contabilidad. El fiscal jefe Olayo Eduardo González considera que puede existir “responsabilidad contable” por parte de la anterior cúpula de Invercaria, por lo que ha remitido un escrito al Tribunal de Cuentas para que nombre un instructor que interrogue a los directivos de la compañía y esclarezca si hubo menoscabo de fondos públicos. Esta investigación es paralela a la del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, que busca fijar la responsabilidad penal tras los indicios recabados por la policía. La Fiscalía Superior ya detectó “indicios de delito” en la gestión de esta sociedad dedicada a desarrollar proyectos empresariales mediante el capital riesgo. Estas diferentes ramas conforman el caso Invercaria,surgido a principios de año.

"Esto da al caso una seguridad jurídica potente, fuerte", resumen fuentes de la causa sobre la investigación que ahora comenzaría el Tribunal de Cuentas tras sugerirlo la fiscalía. Esta instrucción aliviaría al magistrado de Sevilla de la investigación contable, ya que auditores expertos revisarían la contabilidad de Invercaria del ejercicio 2009 (el único escrutado de momento, con Tomás Pérez-Sauquillo como presidente) y probablemente decidirán ampliar las pesquisas a otros años. Invercaria nació en 2005 y desde entonces ha dedicado 62 millones a préstamos, inversiones y subvenciones.

“Entiende el ministerio fiscal [del Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid] que las irregularidades descritas pueden dar lugar a que, en su caso, se pueda plantear la correspondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados”, reza el escrito. Si el tribunal atiende la petición, un “consejero de cuentas” propondrá un “delegado instructor” que comience una investigación para depurar responsabilidades. Se trata de una indagación contable, y en caso de encontrar culpables estos solo responderían con la devolución de los fondos públicos mal gastados, nunca con multa o cárcel. La ulterior sentencia es recurrible al Tribunal Supremo.

La fiscalía actúa después de que la Cámara de Cuentas enviara su informe fiscalizador de Invercaria, y destaca tanto gastos anómalos de personal como de explotación. “Hay tres trabajadores que, siendo contratados por Invercaria y recibiendo retribuciones mensuales a cargo de esta, no prestan de forma justificada sus servicios en ella”. El informe fiscalizador subrayó la situación de un secretario de dirección, el director adjunto de la fundación Eduardo Justo y el director de un centro en Marbella, que supuso un coste para Invercaria de 161.861 euros.

“Por lo general el Tribunal de Cuentas facilita mucho la labor de la instrucción, porque así no hay que entrar en esas cuestiones. La capacidad de este tribunal es muy amplia y tiene grandes expertos auditores expertos en la contratación pública", aclaran estas fuentes.

Además, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas subraya los gastos de explotación por 25.101 euros realizados con la tarjeta visa del presidente de Invercaria con conceptos “relaciones públicas”. Estos gastos corresponden a comidas en restaurantes por parte de la dirección de la empresa. “Invercaria no ha aportado la mayoría de estas facturas soporte de estos gastos, no ha podido justificar debidamente la relación de estos gastos con la actividad de la empresa”, reza el informe.

Al margen de estas dos investigaciones contable y penal, y la demanda de un exdirectivo contra la expresidenta Laura Gómiz que rechazó un juzgado, existen otras tres causas pendientes sobre Invercaria. La primera es una denuncia presentada por Gómiz contra el exdirectivo denunciante Cristóbal Cantos por intromisión al honor, otro presentado por la sociedad pública contra Cantos por dañar su imagen y una última penal por falsedad en las pruebas, también presentada por Invercaria.