El Consell tildó el impuesto sobre el patrimonio de “casi confiscatorio”

El efecto del impuesto sobre el patrimonio resultaba “apreciable” en el caso de los inmuebles no afectos, “sobre todo en el caso de los desocupados (aunque con diferencias injustas y muy apreciables de valoración entre inmuebles adquiridos recientemente o hace muchos años)”, y también en el caso de los depósitos bancarios, “hasta llegar a ser casi confiscatorio respecto de estos últimos en patrimonios superiores a 600.000 euros, a los que resultan aplicables tipos marginales por encima de los rendimientos recibidos de los mismos”. Así justificaba el Consell que preside Alberto Fabra la bonificación del 100% del impuesto del patrimonio hace apenas cinco meses. Un impuesto transferido a la Generalitat que el mismo Ejecutivo autonómico decidió recuperar hace poco más de una semana dentro del último paquete de recortes frente a la crisis.

En efecto, el PP sostenía hace bien poco su política de rebaja de impuestos. Diputados como Ricardo Costa o José Marí Olano, que son portavoces del área económica, cuentan por decenas las intervenciones en las Cortes Valencianas en las que han reiterado que, para los populares, es un elemento innegociable de su política la reducción de impuestos. “Nosotros bajamos impuestos, ustedes los suben”, se hartaron de repetir. Pero, además, el propio Consell daba argumentos, ante la aprobación de la denominada Ley de Acompañamiento, a esa línea de actuación en la Memoria justificativa y económica de la bonificación del 100% en la cuota del impuesto sobre el patrimonio, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero había decidido restablecer para fortunas que superasen los 700.000 euros (excluida del cómputo la vivienda habitual).

Según la mencionada memoria, el impuesto sobre el patrimonio “grava, sobre todo, al ahorro familiar y a las clases medias”, mientras las grandes fortunas gozan de exenciones o se refugian en sociedades de inversión. “Se ha llegado a calificar al impuesto de injusto”, señalaba el Consell, “porque penaliza el esfuerzo de las familias por prosperar y no ayuda a salir de la actual crisis de la deuda pública, sino que la agrava, porque penaliza el ahorro interno, dificultando la compra privada de deuda pública”. Pese a esa opinión, el Gobierno de Fabra lo ha restablecido cinco meses después.

“Parecía que se iba a hundir el mundo”, comenta el diputado socialista Julián López Milla, en cuya opinión, en efecto, el impuesto tiene algunos problemas y debería ser “más eficaz sobre algunos tipos de riqueza que no prevé”. Según el parlamentario, “el cambio de actitud revela que el PP ha hecho mucha demagogia”. Los socialistas van a presentar en las Cortes Valencianas una proposición no de ley para instar al Gobierno de Mariano Rajoy a que lo modernice y lo convierta en un impuesto sobre las grandes fortunas.

Inversiones en el exterior

Se trata de una idea que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha planteado reiteradamente. “Ese nuevo impuesto sustituiría al del patrimonio y tendría en cuenta otros tipos de riqueza, como las inversiones en el exterior, determinados instrumentos financieros o los patrimonios a nombre de sociedades, en las que actualmente sólo se paga por el valor de las acciones y no por sus bienes”, explica López Milla.

De momento, como recogía la memoria económica de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, que es el farragoso título de la denominada Ley de Acompañamiento, la aplicación del impuesto sobre el patrimonio en la Comunidad Valenciana a fortunas superiores a 700.000 euros (con la exención de 300.000 euros de la vivienda habitual), afectará a 18.500 contribuyentes y supondrá una recaudación que puede estimarse entre 69 y 75 millones de euros.