Portazo del PP a la investigación del ‘caso Emarsa’ en las Cortes

Sólo seis personas han comparecido, y una séptima se ha negado a hacerlo (precisamente uno de los imputados), en la comisión de investigación del caso Emarsa en las Cortes Valencianas, que ayer cerró el PP, dos meses y medio después de haberse creado. En las conclusiones impuestas por los populares se exculpa del millonario saqueo de la depuradora de aguas residuales de Valencia (el juez evalúa hasta ahora en 25 millones de euros el fraude) a los cargos de las instituciones de las que dependían las entidades de tratamiento de aguas implicadas: el Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, y la Generalitat, representada entonces como consejero del área por el actual presidente de la Cámara autonómica, Juan Cotino.

“Se descartan responsabilidades políticas fuera del contexto de la gestión directa de la propia empresa”, dicen textualmente las conclusiones. Eso centra las responsabilidades, según el dictamen, en el que fuera presidente de Emarsa, Enrique Crespo, el gerente, Esteban Cuesta, y el director financiero, Enrique Arnal. Se trata de tres personas vinculadas al PP que están imputadas en el caso. Crespo era alcalde popular de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, cargos de los que dimitió por el escándalo.

No ha sido una comisión exprés, como la que los populares aceptaron crear en 2006 tras el accidente del metro que costó 43 vidas en Valencia, y que se cerró en un mes, pero se ha resuelto lo más sumariamente posible. Aunque su creación fue acordada en diciembre, tras la presentación de una iniciativa de los socialistas a la que respondió el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunciando en un pleno que su grupo también la propondría, la investigación de lo ocurrido en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) entre 2004 y 2010 no se puso en marcha hasta el 15 de febrero, a la vuelta de las vacaciones parlamentarias. Mientras tanto, la instrucción judicial avanzó y las revelaciones del escándalo se sucedieron hasta el extremo de que se vieron salpicados tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat, de cuya Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) han sido imputados el exgerente y un exdirector de explotación, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, respectivamente.

“El PP actúa como un instrumento necesario e imprescindible de ocultación”, dijo la diputada del PSPV-PSOE Carmen Martínez, cuyo partido está personado en la causa judicial y considera que Emarsa es sólo “la punta del iceberg” de una trama de mayores proporciones. Ayer mismo se supo que, aparte de la investigación del caso por el juez Vicente Ríos, en cuyo juzgado hay ya 32 imputados, la fiscalía ha abierto diligencias de investigación tras una denuncia que presentó hace unos días la socialista Martínez, en la que se extendían las sospechas sobre irregularidades en los precios pagados por el tratamiento de lodos a todo el sistema valenciano de depuradoras. Martínez afirmó por ello que el PP sólo ha buscado "exculpar a los responsables políticos" de Emarsa.

Los populares cierran la comisión sin resolver la inasistencia de Morenilla

Marga Sanz, de Esquerra Unida, aseguró que la comisión ha sido una "pantomima" y añadió que si el PP se ha negado a esperar a que se haga un informe jurídico sobre la negativa de Morenilla a comparecer es porque “tiene miedo” a lo que pueda decir. Mònica Oltra, de Compromís, calificó la de Emarsa como una “comisión de no investigación” y expresó su indignación por que en el PP “tapan a sus delincuentes”.

La diputada del PP Alicia de Miguel, por su parte, dijo que el consejo de administración de Emarsa no se enteró de lo que ocurría y actuó “de buena fe”, aunque acusó al socialista Ramon Marí, que fue el primero en llevar al Tribunal de Cuentas y a la fiscalía las irregularidades en la empresa pública, y al representante de Esquerra Unida en el consejo de Emarsa, Joan Antoni Pérez, que también planteó quejas, de haber mantenido una actitud “laxa”. En las conclusiones se dice, textualmente, de ambos consejeros que no actuaron “dentro del plazo y en la forma adecuada” de acuerdo con sus sospechas.

Las conclusiones impuestas por la mayoría absoluta de que dispone el PP “rechazan enérgicamente y muestran el malestar” de las Cortes por “las actuaciones ilegales y el uso fraudulento de fondos públicos que, presuntamente, se han cometido, durante los últimos años en Emarsa”. También se apoyan las acciones judiciales y, como única recomendación, apuntan que “la composición y el funcionamiento de los consejos de administración de las empresas públicas necesitan una profunda revisión con las modificaciones legales que procedan para que hechos como este no vuelvan a ocurrir”. El dictamen se debatirá en el pleno de la Cámara del 16 de mayo.