_
_
_
_

Rabanera acusa a socialistas y PNV de “chantaje político” contra Vitoria

El ex diputado general ve la norma foral presupuestaria “discriminatoria”

El País
Ramón Rabanera.
Ramón Rabanera.

La aprobación por las Juntas Generales alavesas el pasado 16 de abril de una norma foral por la que la mayoría que forman PNV y PSE quiere forzar al alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, a presentar un presupuesto para este año ha abierto un serio conflicto entre las tres formaciones.

El senador popular y ex diputado general alavés Ramón Rabanera terció ayer en la polémica asegurando que la norma invade competencias municipales y es “discriminatoria”, ya que su intención es que afecte solo al consistorio vitoriano.

Rabanera sostuvo en un comunicado que “desde el principio tanto el grupo juntero del PNV como el del PSE han llevado a cabo un chantaje político sin base competencial contra el Ayuntamiento de Vitoria”.

La norma fue aprobada por el pleno del Legislativo foral con los votos favorables de peneuvistas y socialistas, la abstención de Bildu y EB y la oposición de los populares.

Su principal modificación sobre la normativa ahora existente consiste en que los municipios alaveses con más de 100.000 habitantes en situación de prórroga presupuestaria están obligados a presentar ante los plenos municipales el proyecto de cuentas para el ejercicio en curso.

Dicha obligación sólo afectaría este año a Vitoria, única localidad alavesa que supera dicha cifra de población, cuyo Ayuntamiento quedaba obligado a presentar su presupuesto en siete días, y se extendería al resto de consistorios de la provincia a partir del próximo ejercicio.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

El Tribunal Superior atendió la pasada semana parte del recurso contencioso-administrativo presentado por la Corporación vitoriana y suspendió cautelarmente la Disposición Transitoria de la norma, que fijaba esa aplicación inmediata para Vitoria. Las Juntas Generales han presentado alegaciones a la decisión del Superior.

De su lado, la Abogacía del Estado ha dado un mes de plazo al Legislativo provincial para que derogue la norma. En caso contrario, presentará también un recurso contra la misma ante el Superior.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_