El Gobierno llevará al Constitucional los recortes en sanidad y educación

El Gobierno de Patxi López tenía desde ayer sobre la mesa el mandato del Parlamento de presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra los recortes en Sanidad y Educación aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en sendos reales decretos, en defensa de las competencias del autogobierno, que consideran invadidas por los mismos. El lehendakari ha oficializado este viernes por la mañana en el pleno del Parlamento autonómico que habrá recurso.

La iniciativa fue respaldada por 55 de los 75 integrantes de la Cámara vasca (74 estaban presentes en la votación), los votos que sumaron el PSE, autor de la iniciativa original, el PNV y Ezker Anitza.

El PP achaca los recortes de Rajoy a la herencia del PSOE y el apoyo del PNV

Al mismo tiempo, la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, adelantó ayer que Osakidetza seguirá atendiendo a los inmigrantes irregulares, pese a las instrucciones del Ejecutivo central, que arropó el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, con su discurso de “primero los de casa”.

Mendia indicó en una entrevista en ETB que el Ejecutivo no no mirará “a los de dentro y los de fuera”. “Todos los que viven en el País Vasco forman parte de este país y trabajan por este país”, sostuvo. La portavoz recordó el déficit de las pensiones en Euskadi, para resaltar la necesidad de “inmigración que ayude”. “Por ello, no acepto que no se les pueda atender. En el País Vasco se les seguirá atendiendo”, enfatizó.

El Ejecutivo

El acuerdo aprobado ayer reclama que el Gobierno solicite en su recurso la suspensión cautelar de los recortes mientras no se resuelva el fondo de la cuestión de inconstitucionalidad. El Gobierno, que tiene a sus servicios jurídicos buscando fórmulas para no aplicarlos desde el momento en que se aprobaron ambos reales decretos, dará probablemente una respuesta oficial a este mandato de la Cámara tras su reunión del próximo martes. Lo hará el lehendakari.

El pacto se produjo en el último momento, cuando ya parecía que cada cual votaría su propia propuesta —la original del PSE y la enmienda de PNV y Ezker Anitza— y ambas corrían peligro de ser derrotadas. El portavoz socialista. José Antonio Pastor, reprochó desde la tribuna al del PNV, Ricardo Gatzagaetxebarria, que su única respuesta a la transacción que le planteó la tarde del miércoles fuese comunicarle que ya había pactado la suya con el parlamentario de Ezker Anitza, Mikel Arana.

Ayer, en el último momento, una vez que los dos turnos de intervención habían sido consumidos y la presidenta, Arantza Quiroga, iba a llamar a la votación, Pastor pidió un receso en el que se selló el acuerdo. El PSE logró así sacar adelante una iniciativa que recoge, además, el rechazo a la reforma laboral y e insta al Gobierno a “seguir defendiendo el autogobierno de Euskadi, los servicios públicos y las políticas sociales”, definidos como pilares del Estado de bienestar. Esa proposición inicial incluía de modo genérico la posibilidad de “acudir a la vía judicial”. Esta se concretó finalmente en ese mandato tan preciso de presentar recurso de inconstitucionalidad.

Votaron en contra el PP, obligado a apoyar los recortes de Rajoy y de nuevo separándose del socio al que mantiene al frente del Gobierno; UPyD, que contrapuso Estado autonómico y mantenimiento del bienestar, y, por razones diametralmente opuestas, Aralar. EA se abstuvo.

La Cámara instó por idéntico resultado al Gobierno a interponer cuantos otros “recursos judiciales ordinarios y de carácter competencial” sean necesarios “para la defensa del marco competencial vasco” sobre todo en Educación y Sanidad.

El portavoz popular, Antón Damborenea, culpó de las medidas que ahora adopta el Gobierno popular a la “herencia” del Ejecutivo del PSOE, así como al PNV, por haber aprobado “todos y cada uno” de los presupuestos de Rodríguez Zapatero.

El acuerdo de la Cámara insta igualmente al Gobierno de López, como quería el PNV, a negociar en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico la participación financiera que corresponda al País Vasco cuando el Estado asuma nuevos compromisos de financiación en Educación y Sanidad o en otras materias de competencia exclusiva autonómica.