Una estafa para la historia

Los responsables y funcionarios de la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) difícilmente olvidarán el 21 de julio de 2005. Ese día, casi sin tiempo para prepararse, ingresaron de golpe en el recinto penitenciario 240 ciudadanos de 14 países, la mayoría nigerianos. Formaban parte de los 315 detenidos unos días antes en Málaga capital en la llamada Operación Nilo, la mayor trama de estafa con el método de las cartas nigerianas —el envío masivo a todo el mundo de cartas en las que se informa al destinatario de que ha ganado un premio de lotería en España—.

La prisión, que ya estaba sobrecargada de presos, estuvo a punto de colapsarse. Hizo falta trasladar en los días siguientes a 180 reclusos a otras cárceles andaluzas. La mayoría de los detenidos, excepto los considerados cabecillas, permaneció en prisión hasta finales de febrero de 2006, cuando, el juez que instruyó el caso los fue poniendo en libertad bajo fianza de 3.000 euros por persona. Otros, que residían irregularmente en España, fueron expulsados del país.

La operación fue presentada por el entonces fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, como la mayor acción multinacional en la lucha contra el fraude. Los detenidos, que usaban tanto Internet como el correo postal, pedían a sus víctimas una cantidad económica en concepto de gastos de tramitación de los falsos premios de lotería. El envío de cartas nigerianas era tan masivo que, según las autoridades norteamericanas, la red había logrado estafar anualmente unos 100 millones de euros a 20.000 personas. La inmensa mayoría de las víctimas, que pagó unos 30.000 euros de media, no denunciaron por vergüenza.

Cinco años después, el caso Nilo se ha cerrado de una forma mucho más discreta de como empezó. El pasado 23 de abril, la Audiencia Provincial de Málaga absolvió a los nueve procesados que se negaron a pactar su conformidad con las tesis del fiscal anticorrupción, que pedía para ellos 23 meses y 15 días de cárcel y 1.800 euros de multa por delito continuado de estafa y la falsedad documental. Antes que ellos, 92 de los procesados optaron por aceptar su culpabilidad y asumir una pena que no implicaría su ingreso en prisión. En cierto modo, la conformidad era un triunfo para las tesis del ministerio público.

El timo de las cartas nigerianas no terminó con la redada policial

Mientras se resolvía la instrucción de la causa, entorpecida por la enorme cantidad de procesados, los problemas lingüísticos y la lentitud de las peticiones de ayuda judicial a otros países, el timo de las cartas nigerianas, aunque atenuado, no cesaba. Los responsables policiales creyeron que habían dado el “palo definitivo” a estas redes de estafadores. Sin embargo, tras un periodo de relativa calma, los policías volvían a tener conocimiento de este tipo de timos desde la Costa del Sol.

Cada dos o tres semanas se iba deteniendo a un grupo de estafadores, la mayoría de nacionalidad nigeriana. Los agentes que participaron en la Operación Nilo consideraban que juzgar a los detenidos en la macrocausa iba a ser imposible. Al final, para sorpresa de casi todos, la vista oral se celebró.

De los 315 arrestados inicialmente, el fiscal Francisco Jiménez Villarejo logró el procesamiento de 168. Sin embargo, solo se consiguió notificar el inicio de la vista oral a 113. El pasado 9 de noviembre, día en que se inició el juicio, en la misma sala donde se celebra el caso Malaya, la mayor de la Ciudad de la Justicia de Málaga, acudieron solo 103 acusados.

Para favorecer el pacto de conformidad y evitar, de paso, colapsar la Ciudad de la Justicia, el fiscal retiró todos los cargos de asociación ilícita, que acarreaba una petición de pena de siete años y medio de prisión. Al final, el juicio se inició con 16 procesados. De ellos, siete se fueron sumando al acuerdo a lo largo de la vista oral.

De los nueve que llegaron al final del juicio, el fiscal retiró la acusación de seis y el tribunal absolvió a los tres restantes al considerar que no está acreditado que participaran en el fraude masivo. Estos tres acusados fueron detenidos en domicilios de personas que se declararon culpables en la causa. Sin embargo, este argumento le pareció “bastante endeble” al tribunal como para condenarlos. Además, sus defensas aportaron documentación para acreditar que no residían en los pisos en los que fueron detenidos, por lo que su presencia en ellos podría ser “ocasional”.