La Fiscalía Anticorrupción se hará cargo en Málaga de la Operación Nilo
La Fiscalía Anticorrupción se hará cargo de la operación policial Nilo, que desveló una red de timadores dedicada al fraude a gran escala, debido a la gravedad del importe defraudado y el número de perjudicados, según un decreto del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Será el representante de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, quien se hará cargo del caso. Así, mediante el decreto se le atribuye la competencia para intervenir en las diligencias previas abiertas por el caso a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción. Conde-Pumpido entiende que se hace necesaria "una especialización orgánica y funcional" en este caso, porque en él "concurre una especial complejidad de la investigación", según explicó.
El alto número de implicados en la organización delictiva, la mecánica operativa y la pertenencia de los perjudicados por la defraudación a una gran diversidad de países, "lleva implícito una especial coordinación a nivel internacional", comentó el Fiscal General. Fuentes cercanas al caso destacan que la estafa internacional podría haber afectado a unas 60.000 personas, cifra mucho mayor que la estimada al comienzo de la operación, unos 20.000 estafados, y que el dinero defraudado podría alcanzar los cien millones de euros. La mayoría de afectados es estadounidense.
La actuación policial y judicial de esta operación, desencadenada en julio pasado y coordinada con Interpol y Europol, propició la detención de 310 supuestos miembros de una red que estafó a personas de 50 países a través de falsos premios de la Lotería Nacional y el timo de las llamadas cartas nigerianas. La Policía calcula que los estafadores enviaron hasta seis millones de cartas al año.
La operación se considera la mayor realizada hasta ahora contra una organización criminal internacional, y en ella participaron 400 agentes de la Policía Nacional, FBI, y el Servicio Postal de EE UU. Los arrestos se llevaron a cabo en 176 domicilios y locutorios de Málaga, Torremolinos, Mijas y Marbella
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