Un acuerdo masivo con el fiscal permite aligerar el 'caso Nilo'
87 procesados aceptan una pena de cárcel por la estafa de la lotería nigeriana.- La vista oral se celebrará con 16 disconformes
El macrojuicio del caso Nilo sobre la estafa de la lotería nigeriana -el envío masivo de cartas en las que se informa al destinatario de que ha ganado un premio (falso) de lotería en España y se le reclama una cantidad para iniciar las gestiones del cobro- será mucho más ligero de lo previsto. Solo 16 de los 168 procesados se enfrentarán finalmente a la vista oral después de que la inmensa mayoría aceptara la pena que pedía para ellos el fiscal anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo.
Un total de 87 procesados se ha declarado culpable de estafa continuada y falsedad documental y se conforma con la condena de 23 meses y 15 días de prisión y multa de 1.800 euros. Los procesados que no tengan antecedentes penales no deberán entrar en prisión. El fiscal ha retirado en todos los casos el cargo de asociación ilícita, que acarreaba una petición de pena de siete años y medio de prisión.
Los procesados conformes con la pena no tendrán que asistir al juicio. Con el plan inicial, el juicio del caso Nilo se extendería a lo largo de 49 sesiones hasta mayo de 2012. Ahora, con la conformidad masiva, el calendario se reducirá sensiblemente.
Uno a uno, el juez ha nombrado a los acusados -la mayoría de nacionalidad nigeriana, aunque también procedentes de otros países de África-, que han ido declarándose favorables o contrarios al acuerdo de conformidad. De los 168 procesados, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga sólo había logrado localizar y citar para la vista oral a 113. De ellos, nueve no han comparecido, por lo que el fiscal ha pedido que sean puestos en busca y captura y otro no ha sido trasladado al juicio desde la prisión donde se encuentra.
La vista preliminar se ha desarrollado con escasas incidencias. Tres de los procesados acudieron al juicio sin abogado. En los casos en que pretendían acogerse al pacto, el presidente del tribunal, Enrique Peralta, les asignó, con su consentimiento un letrado de oficio sobre la marcha.

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