La dirección de Metro Bilbao acerca posturas con los sindicatos

Las posturas se han acercado “mínimamente”. Con este ánimo concluyó ayer la segunda reunión entre el comité de huelga y la dirección de Metro Bilbao celebrada a instacias del presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), Tomás Arrieta. Las partes se han citado nuevamente para el 2 de mayo.

La empresa y los representantes de la plantilla anunciaron que han adoptado un acuerdo para que la negociación se desarrolle en un marco de discreción. El objetivo es evitar que las declaraciones de unos u otros puedan “enturbiar” las relaciones.

“Algo hemos avanzado y no queremos perjudicar el proceso”, se limitaron a señalar fuentes sindicales. La dirección de la compañía, por su parte, hizo público un escueto comunicado en el que mantenía que las conversaciones iban a continuar y que esperaba que se pueda llegar a una “resolución definitiva” de un conflicto que dura ya cerca de un año.

Alfonso Gil, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Bilbao, recordó en una rueda de prensa que el conflicto arrancó el 25 de mayo de 2011 y que desde entonces los ciudadanos han sufrido 29 días de paros parciales —incluido el de ayer, de 8.30 y las 11.30— y uno de 24 horas, en Santo Tomás pasado. “Hemos pagado a escote los 136.384 billetes que se han tenido que devolver hasta el momento, lo que significa que cada jornada de paro ha costado a las arcas públicas unos 8.000 euros”, deploró.

Juicio por los sueldos

Gil llamó a la “cordura de todos” para que de una vez se acabe “con este rosario” que sufren los ciudadanos. “Tiene que terminar ya. No se puede esperar más. El acuerdo tiene que ser inmediato”, exigió.

Por la mañana se celebró el juicio por la congelación por parte de Metro con carácter retroactivo de los sueldos de 2011 a sus 740 empleados por su condición de funcionarios. En una sala repleta por decenas de trabajadores del suburbano, el abogado del comité de huelga consideró que la devolución del incremento salarial no se ajusta a derecho e incumple el convenio colectivo, prorrogado en octubre de 2010.

El letrado de la empresa estimó que lo previsto en ese acuerdo resulta inaplicable ya que los Presupuestos Generales del Estado, que se aprobaron dos meses después, congelaron los salarios de los trabajadores de todas las sociedades públicas mercantiles.