Insultos no, gracias

Las bajas pasiones y el populismo se adueñaron de la agenda mediática hace pocos meses con motivo de una parodia realizada en un programa de humor de un canal de televisión francés que arrojaba sospechas sobre el éxito del deporte español. Iconos patrios como Rafael Nadal, Pau Gasol o el ciclista Alberto Contador reencarnados en los famosos guiñoles esnifaban cocaína y aparecían con una jeringuilla enganchada al brazo, dando a entender que sus logros no se debían al esfuerzo y la superioridad física y técnica, sino a las trampas de la química.

Lo que sin duda era una broma de mal gusto, injusta y malintencionada pero caricatura al fin, pues se producía en un programa de humor, suscitó una gran indignación aquí en España, avivada por los medios de comunicación y secundada por nuestros dirigentes políticos.

Las televisiones emitieron en sus informativos más vistos los nuevos episodios de los guiñoles franceses, en los que los guionistas de Canal Plus Francia iban incrementando el nivel de mofa a medida que crecía la cólera patriota de España. Esta espiral, amplificada por las portadas de varios periódicos de ámbito nacional, que llevaron a su foto principal los muñecos de látex, los artículos de opinión que les acompañaban, las tertulias deportivas y políticas en radios y televisiones, motivó una actuación diplomática del Gobierno español y un pronunciamiento del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que no pudo encontrar mejor momento para admitir que “tenemos un problema con el dopaje”.

Contrasta la reacción ofendida de algunos medios ante esa broma que ofende a algunos de nuestros compatriotas con su actitud insultante y vejatoria de dos televisiones de ámbito nacional hacia cientos de miles de andaluces y que acaba de ser denunciada por el Consejo Audiovisual de Andalucía.

En los momentos inmediatamente posteriores a conocerse los resultados de las elecciones andaluzas del pasado 25 de marzo y al socaire de su análisis, tanto en Intereconomía como en 13TV se pronunciaron frases abiertamente atentatorias contra la dignidad de una sociedad, la andaluza, simplemente porque su voto mayoritario no respondió a sus pronósticos ni a sus deseos. Los invitados a los programas de debate y de análisis político de estos canales –es decir, un género próximo a la información- se escucharon frases como “Andalucía es una sociedad enferma” o “una región que parece sacada del tercer mundo”, mientras que se leían mensajes de texto enviados por los espectadores como: “a los andaluces les encanta la corrupción”, “en Andalucía, una gran mayoría no tiene dignidad”, etc.

El Consejo Audiovisual de Andalucía reclama al Gobierno que actúe sencillamente porque en él residen las competencias sobre los operadores de televisión, públicos y privados, de ámbito nacional, y porque entendemos que tiene la obligación de velar porque todos ellos respeten en su actuación nuestras leyes y nuestra Constitución. La libertad de expresión no ampara el insulto y la injuria a toda una sociedad. Es algo mucho más grave que el combate al estereotipo, se trata de perseguir la ofensa y la vejación, inconcebibles en un estado de derecho democrático, vengan de donde vengan y se dirijan contra quien se dirijan.

El Tribunal Constitucional ha reiterado en diversas sentencias que el derecho a la libertad de expresión que consagra la Constitución no ampara el derecho al insulto ni el empleo de apelativos injuriosos utilizados con fines de menosprecio, que es lo que a juicio del Consejo representan expresiones como las que se han emitido contra millones de andaluces en los mencionados canales de televisión. Es preciso reaccionar, y sobre todo que el Gobierno de la nación tome medidas, porque la impunidad cuando se están violando las normas constitucionales relativas a los derechos más preciados por las personas que amamos la libertad, solo abre el camino al enfrentamiento civil y a la violencia. El respeto es mucho mas exigible entre los que tienen ideas e intereses diferentes.

De toda esta polémica subyace un grave problema que tenemos en España con el sector audiovisual, y es la falta de una institución reguladora independiente, toda vez que el Gobierno ha anunciado como un mérito que no creará el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Una carencia insólita en el resto de Europa, que está dando patente de corso a determinados poderes mediáticos para saltarse las leyes más elementales de forma totalmente impune, con la consecuente indefensión de los ciudadanos.

Emelina Fernández Soriano es presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía.