El fiscal pide casi cuatro años de cárcel para los policías del ‘caso Torreblanca’

Después de cuatro años de instrucción, el fiscal ha pedido a los cuatro agentes de la policía local de Córdoba penas que suman los 15 años y medio de prisión por un delito de falsedad cometido por funcionarios en el ejercicio de sus funciones. A cada uno de ellos se le solicitan tres años y nueve meses de cárcel, el pago de 4.500 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de sus cargos.

Los cuatro policías, adscritos al servicio de Disciplina Urbanística, falsearon supuestamente los expedientes por una construcción ilegal sin licencia que dos de ellos habían levantado en la urbanización de Torreblanca. El fiscal acusa a los otros dos agentes de hacer la vista gorda a pesar de conocer el presunto delito cometido, por lo que no iniciaron tramitación de expediente alguno.

Cuando los agentes supieron que el caso iba a saltar a los medios de comunicación y hacerse público, los cuatro policías decidieron actuar. “Con la finalidad de dar cobertura legal a su actuación y evitar cualquier tipo de responsabilidad por razón de su cargo, unos por haber iniciado la construcción sin haber obtenido la obligada licencia, y los otros al no haber cumplimentado ni iniciado expediente alguno, convinieron de común acuerdo manipular un expediente ya registrado”, relata el fiscal. El auto de apertura de juicio oral fue comunicado el 18 de abril. La Audiencia Provincial de Córdoba juzgará el caso.

Fue un anónimo el que alertó de la infracción a la Guardia Civil, quien inició las pesquisas en septiembre de 2007, aunque el caso se conoció en enero de 2008. Aquello supuso un duro golpe para la imagen de la entonces alcaldesa de IU Rosa Aguilar. El Ayuntamiento llegó a abrir una investigación interna. El secretario provincial del PSOE, actual partido de Aguilar, no quiso valorar ayer la petición del fiscal, pero sí que criticó lo prolongado del proceso de instrucción. “Cuando se produzca el juicio y se declare la culpabilidad o no de esas personas estaremos en condiciones de evaluar con detenimiento si lo que se realizó fue imputable y por tanto criticable”.

El caso podría tener una derivación más. El fiscal sospecha que dos de los agentes implicados pudieron tratar de tapar otra construcción ilegal vecina a la anterior. Un inmueble que además también es propiedad de otro policía. La forma de actuar de los agentes responsables de velar por la legalidad urbanística habría sido la misma por la que van a ser juzgados próximamente: manipulando un expediente anterior, ya registrado en la base de datos, para camuflar la infracción. Todo ello habría ocurrido al mismo tiempo que el caso trascendía a los medios de comunicación. Por ello, el fiscal pide que se les deduzca testimonio a dos agentes.