La Policía Local de Córdoba sufrió un sabotaje que eliminó 1.000 expedientes

El caso de los policías locales de Córdoba que construyeron ilegalmente en la zona de Torreblanca se parece cada vez más a un episodio de la serie Los hombres de Paco. Se trata de una cadena de despropósitos cometidos presuntamente por varios agentes de la unidad de medio ambiente que pretendían hacer ver que no había existido trato de favor o retraso a la hora de sancionar a una pareja de compañeros que edificó ilegalmente. El asunto puede acabar con varios policías acusados de falsedad documental y prevaricación.

El servicio de informática del Ayuntamiento logró recuperar los datos

La fiscalía inicia la investigación a los policías por las casas ilegales

Uno de los puntos más rocambolescos es el que se refiere a la investigación que estuvo realizando la secretaria municipal sobre el asunto. Mientras esta funcionaria indagaba, alguien borró del archivo de la Policía Local alrededor de 1.000 expedientes. Los ficheros fueron finalmente recuperados por los servicios informáticos del Ayuntamiento, según fuentes del caso.

El embrollo arrancó cuando un matrimonio de agentes destinado en la unidad medioambiental se construyó una casa en Torreblanca en 2007. Una patrulla había fotografiado la construcción y hecho algunas indagaciones. Sin embargo, no se había levantado acta de denuncia cuando, en julio de ese año, llegó a la Guardia Civil un anónimo en el que se señalaba que los policías no habían sido multados. En noviembre, la Guardia Civil remitió ese anónimo a la Policía Local para que se le informara. La respuesta estaba lista a las 48 horas. Se enviaron, precisamente desde la unidad de disciplina urbanística de la Policía Local, dos expedientes de casas de la zona. Pero no eran los referidos al matrimonio de agentes que se señalaba en el anónimo y que, en ese momento, no estaban sancionados por edificar ilícitamente.

El asunto se disparó cuando un medio de comunicación local denunció en enero de 2008 que estos policías no habían sido multados. Alguien parece que se puso nervioso y comenzó la cadena de irregularidades. Accedieron a dos actas de sanción de dos ciudadanos anónimos y borraron los datos.

Sobre esas denuncias, que estaban fechadas originariamente a finales de septiembre, se fabricaron presuntamente dos nuevas actas. Una referida al matrimonio de agentes y otra sobre una edificación aledaña que pertenece a otro agente que actualmente trabaja como escolta de Rosa Aguilar (IU), alcaldesa de Córdoba.

Las fuentes consultadas no alcanzan a comprender qué fue lo que se les pasó por la cabeza a los implicados cuando decidieron fabricar la supuesta denuncia falsa. Si simplemente hubieran reconocido que todavía no se había sancionado esa construcción, el asunto no habría pasado a mayores. Pero al haber manipulado presuntamente un documento público, el Ayuntamiento ha tenido que trasladar los expedientes a la Fiscalía, que ya lo está investigando.

Pero hay más. Cuando se destapó el caso, el Consistorio decidió encargarle a la secretaria municipal que elaborara una "información reservada". Mientras investigaba, alguien borró de los ordenadores un millar de expedientes, se supone que para hacer desaparecer las pruebas. Se hizo desde la clave de un funcionario que, según las fuentes consultadas, no es ninguno de los cinco agentes que están implicados. Los archivos finalmente fueron recuperados.

De momento, el Ayuntamiento ha abierto expedientes informativos a cinco agentes de la unidad de protección del medio ambiente. Se trata del jefe de disciplina urbanística, del matrimonio que construyó ilegalmente y de la patrulla que firmó las actas presuntamente falsificadas. Además, el jefe de la Policía Local, que parece que desconocía las triquiñuelas de sus subordinados, ha dimitido.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, informó ayer de que se han abierto diligencias a instancias del Ayuntamiento por el asunto de las casas ilegales de los policías locales. La información remitida por el Consistorio llegó ayer a la Fiscalía después de que así lo decidieran los grupos políticos en la junta local. Martín-Caro no pudo precisar el tiempo que se tardará en esclarecer los hechos ni en qué puede acabar este turbio asunto.

El Ayuntamiento estaba obligado a enviar al fiscal el expediente elaborado por la secretaria general del Consistorio. Al apreciar indicios de delito en el caso, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el asunto debe trasladarse al ámbito judicial.