Anticorrupción cree que Fernández benefició a “determinadas personas”

El tenso y prolongado interrogatorio protagonizado por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández este pasado fin de semana (30 horas) continuará hoy, pero todo apunta a que el resultado final puede perjudicar seriamente la defensa del ex alto cargo. Ello al margen de la decisión que tome la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que podría decretar prisión preventiva para Fernández, tal y como hizo con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su exchófer, Juan Francisco Trujillo.

El abogado del Partido Popular aclaró ayer que pedirá prisión para Fernández para que no entorpezca la investigación y por los indicios recabados en su contra. Pero la postura decisiva para la suerte del imputado es la de la Fiscalía Anticorrupción. La última pregunta del ministerio público resultó muy ilustrativa sobre si solicitará a la juez cárcel para el acusado, subrayaron los abogados presentes. “No es más cierto que el acuerdo marco (firmado por Fernández y el ahora diputado en el Congreso José Antonio Viera) es un sistema creado para disponer de fondos sin control alguno en beneficio de determinadas personas y en perjuicio de la mayoría de ciudadanos”, le inquirió el fiscal. La juez ya había subrayado que consideraba que el objetivo del fondo era beneficiar a los empresarios cercanos a la Administración autonómica y afines al PSOE y sus altos cargos.

Hasta este fin de semana, los imputados que habían declarado ante la juez Mercedes Alaya se habían achantado y acatado sus aseveraciones formuladas con un estilo incisivo. Los acusados acudían a la desmemoria o negaban sin vehemencia, seguros de la reprimenda de la juez.

Sin embargo, el exconsejero Fernández, imputado por seis delitos como cohecho y malversación, defendió ante la magistrada con una estrategia rocosa su gestión. Después de tres días de declaración judicial, solo ha presentado leves grietas. El problema es que Fernández contestó a 200 preguntas de la juez, unas 60 de la fiscalía y el interrogatorio de la Junta concluyó a las 22.45 con 20 preguntas.

Tras una gestión de 15 años en la cúpula de la Consejería de Empleo es muy complejo defender un desconocimiento de todos los desmanes que ha destapado la investigación, sobre todo si entre 2004 y 2010 dirigió el departamento.

Los dos fiscales le interrogaron durante cuatro horas sobre todos los aspectos polémicos derivados de su gestión. Saltaron de un expediente a otro, de una ayuda directa a otra subvención, de un intruso a otra póliza... “Fue un desorden ordenado”, apuntó un abogado, que destacó la ironía de ambos fiscales, que preguntaron con contundencia sobre su presunta responsabilidad. Mientras, la juez centró su interrogatorio en la intervención de Fernández en el ERE de González Byass, en la que se prejubiló tras haber trabajado en la bodega entre 1971 y 1982, cuando solicitó una excedencia forzosa por cargos públicos que ha mantenido durante casi 30 años. El ERE incluía una póliza de 386.000 euros a su nombre como extrabajador, a la que renunció al no firmar el boletín de adhesión necesario. Fernández cobrará una indemnización por despido en torno a los 31.000 euros cuando esté desempleado.

El exconsejero se revolvió ante la tesis de Alaya de que, como consejero, había participado en la tramitación y aprobación del expediente en su beneficio. Fernández tildó la hipótesis de “descabellada”. El exconsejero sostiene que no participó de manera activa en la negociación. La tensión que marcó el interrogatorio hizo que juez e imputado se enzarzaran hasta en detalles muy menores en el caso. Así, Alaya enfatizó que Fernández debía haber comunicado por escrito la renovación de su excedencia forzosa y este alegó que se lo había comunicado a la bodega por teléfono.